Reunión en Sevilla

Los chiringuitos exigen a la Junta que siga adelante con la normalización del sector

El colectivo no ve razones objetivas para una nueva paralización de las concesiones e insiste en que el fallo del Supremo, contrario a sus intereses, aún no es firme

25.08.2016 | 23:17
Clientes de un chiringuito de Torremolinos, este verano.

Numerosos establecimientos estudian la posibilidad de ir a los tribunales en caso de que la administración decida dar marcha atrás y volver a reconsiderar todo el procedimiento

Los empresarios de playas pidieron este miércoles a la Junta de Andalucía que continúe sin demora con el calendario de regulación de los chiringuitos y haga caso omiso, al menos hasta que exista una sentencia en firme, del reciente fallo del Tribunal Supremo que da la razón a una particular y recusa el ajuste introducido por el reglamento de la ley de Costas para garantizar que las licencias de explotación recaigan preferentemente en aquellos establecimientos que ya estén operativos o, como mínimo, mantengan el expediente de tramitación en curso.

Al término de una nueva reunión con la administración celebrada en Sevilla, y en conversación telefónica con este periódico, el responsable del colectivo, Norberto del Castillo, insistió en que la polémica resolución, que ha levantado un gran revuelo en el sector, todavía no ha entrado en vigor ni ha sido publicada en los boletines oficiales, por lo que, en su opinión, no hay ningún tipo de obstáculo legal que impida que se siga avanzando con las adjudicaciones. Y más aún, después de lo atropellado del proceso y del compromiso adquirido hace seis meses por la propia administración autonómica, que se fijó el mes de octubre como fecha límite para resolver todos los casos pendientes de evaluación administrativa.

De acuerdo con la federación que agrupa a los empresarios, son casi doscientos los negocios de la provincia que actualmente siguen inmersos en el limbo jurídico, en espera de la renovación de un permiso que arrastra un tortuoso historial de avatares legislativos, con varias reinterpretaciones y formulaciones de la ley y hasta un traspaso de competencias: el que llevó a la Junta, hace ahora cinco años, a ocuparse directamente, y con el beneplácito del sector, de la situación de los chiringuitos.

La sentencia del Supremo, en todo este proceso, supondría, en caso de confirmarse, un severo varapalo para los empresarios, ya que obligaría al Gobierno Andaluz a desandar lo andado y volver a considerar los expedientes a la luz de un concurso público, sin ventaja previa para ninguno de los candidatos, por más que la preferencia aparezca especificada en el reglamento de la ley y esté acreditada la apertura con años de cobro de los cánones de funcionamiento y evidencias de servicio. Del Castillo confía en que finalmente el fallo no se haga firme. Y avisa que son muchos los establecimientos que, frente a una eventual cambio de criterio y vuelta atrás en la negociación, estarían dispuestos a acudir a los tribunales para defender una actuación que consideran de pleno derecho y acorde, además, a un marco normativo -el del reglamento- que no estaba cuando se inició la tramitación ni mucho menos en fase de estudio, sino íntegramente asentado en el ordenamiento jurídico. «Lo que no puede ser es que se nos obligue a hacer las cosas de acuerdo a una ley aprobada y vigente y luego nos digan que eso no vale y que hay que empezar desde el principio», resalta.

Para Del Castillo, la adopción del controvertido fallo representaría un agravio especialmente penoso, por comparación, para Málaga, que, a diferencia de otras provincias costeras, no ha resuelto en este tiempo ninguna de las solicitudes en litigio, pese a haber iniciado la tramitación al mismo ritmo. Granada, por ejemplo, ya cuenta con el 70 por ciento de sus licencias plenamente renovadas, lo que hace que sus beneficiarios no se vean afectados por ésta u otras sentencias que pudieran poner en el entredicho el reglamento de la ley y la prioridad que otorga a las instalaciones ya operativas.

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