El nuevo escenario político de un gobierno local sin mayoría absoluta y dependiendo de los pactos con otras formaciones políticas puede deparar el primer disgusto realmente grave para el alcalde, Francisco de la Torre, y el equipo de gobierno del PP, además de un primer revés para el nuevo portavoz municipal y edil de Economía, Carlos CondeCarlos Conde. De darse, sería la primera vez en ocurrir en los años de democracia municipal.

El caso es que Málaga podría quedarse sin tener nuevas ordenanzas fiscales para 2017 (las que fijan el coste de los impuestos y tasas) y el gobierno local podría verse obligado a prorrogar las de este año. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga no cuenta todavía con el sí de Ciudadanos para poder aprobar estas ordenanzas y, lo que es peor, se le acaba el tiempo para poder aprobarlas de manera que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2017.

Posible prórroga. La preocupación era evidente ayer por parte del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, que sólo cuenta con el grupo de Ciudadanos para poder sacar adelanta la ordenanza ya que el resto de los grupos de la oposición: PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, han anunciado que votarán no. Estos grupos, que critican la falta de negociación para este proyecto, ni siquiera se han molestado en presentar enmiendas al proyecto de ordenanza confeccionado por el equipo de gobierno, para mostrar así su desapego.

Por ello, la aprobación de los impuestos y tasas para 2107 sólo será posible con un acuerdo con Ciudadanos. Sin embargo, la formación naranja se niega a cerrar el acuerdo con el PP para apoyar los nuevos impuestos y tasas si antes no se cumplen sus exigencias, que tienen que ver con el grado de ejecución de los proyectos incluidos por este grupo en los presupuestos de este año. Por ello, el propio Carlos Conde señalaba ayer que «si no hay acuerdo entre hoy y mañana nos veremos obligados a prorrogar las ordenanzas».

La amenaza de no contar con nuevas ordenanzas y prorrogar las actuales está condicionada por los plazos. El pleno del Ayuntamiento tendría que aprobar inicialmente el proyecto el 4 de octubre, como máximo; a partir de esa aprobación inicial se abriría un periodo de exposición pública de un mes y tras resolver las alegaciones que se presenten, aprobar definitivamente el proyecto de ordenanzas antes del 22 de diciembre, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2017, sin dificultad.

El concejal de Economía, artífice del proyecto de ordenanzas, tras comprobar que no podrá contar con los grupos de la oposición de izquierdas, trató ayer en vano de reunirse y dialogar con el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, para tratar de cerrar el acuerdo pero la agenda de Cassá hizo imposible cualquier cita.

Los esfuerzos de Conde. De hecho, ya por la tarde, Carlos Conde mostraba su desasosiego y lamentaba no haber podido hablar con Cassá. Conde insistía, no obstante, en darle urgencia a sus contactos con el portavoz de Ciudadanos, para cerrar definitivamente un acuerdo con el grupo naranja, dada la premura de tiempo.

Si el grupo de Ciudadanos no da su apoyo en los próximos días, el gobierno local tendría que retirar el proyecto de ordenanzas fiscales y prorrogar las de 2016.

Conde recordaba que «estamos hablando de las ordenanzas fiscales y la ciudad podría seguir funcionando sin este proyecto en 2017, pero la lástima sería que habría muchos ciudadanos que se iban a ver beneficiados con las nuevas ayudas fiscales y que no van a poder hacerlo», se lamentaba.

El concejal maneja tres fechas posibles para sacar adelante la aprobación. En concreto, podría llevarla a una comisión de Economía extraordinaria hoy miércoles; al pleno del jueves «sin dictaminar, que es posible y los propios portavoces de los grupos no han mostrado ningún tipo de problema», o que los primeros días de la semana próxima se haga un pleno extraordinario. Todo está en el aire y por decidir.