15 de noviembre de 2016
Tribunales

Los veterinarios dibujan un cuadro de exterminio "grotesco" en Parque Animal

La presidenta de la protectora de Torremolinos niega la muerte inducida de 2.200 perros y gatos, ve "monstruosa" la cifra, que baja a 283 cadáveres en tres años, y culpa a los sanitarios que trabajaron para ella de las eutanasias

18.11.2016 | 10:15
La ex directora y un empleado de la protectora de Torremolinos, en el banquillo.

Las claves del juicio

  • Los cargos de la Fiscalía. La Fiscalía acusa a la presidenta de Parque Animal de Torremolinos de los delitos de maltrato, intrusismo y falsedad. Le pide cuatro años de prisión, al igual que a uno de sus trabajadores. El juicio empezó ayer y acabará mañana.
  • Decidían los veterinarios. La acusada negó ayer haber exterminado a 2.200 perros y gatos, muchos de ellos sanos y sin justificación alguna, y afirmó que la eutanasia le era consultada a los veterinarios que trabajaron para ella, que eran los que decidían.
  • Actuaron por «venganza». Se definió como «una amante de los animales» y afirmó que ni siquiera podía «cortarles las uñas», para explicar que sólo cogía jeringuillas para darles el jarabe a los perros. Aseguró que algunos extrabajadores la acusaban por «venganza».
  • Quejas por la alarma social. La acusada y su defensa se quejaron de la relevancia social que había adquirido el caso y de las fotos filtradas a la prensa, de especial dureza, en la que se mostraba a perros fallecidos en el congelador. El fiscal rechazó sus quejas.

Un facultativo dice que se ponía la música alta para que no se oyeran los alaridos de sufrimiento de los canes al matarlos

­El juicio contra la presidenta de Parque Animal de Torremolinos, a quien se acusa del exterminio de 2.200 perros y gatos entre 2008 y octubre de 2010 causándoles «una lenta y dolorosa agonía», comenzó ayer en la Ciudad de la Justicia en medio de una gran expectación mediática y animalista, dado que se ha convertido en un símbolo para estas asociaciones. La acusada, a quien se le piden cuatro años de cárcel por el maltrato y por falsificar listados de incineración, negó ayer el exterminio de las mascotas a su cargo y aseguró: «Es incierto, tengo fobia a las inyecciones, a las aguas y cuando cogía a un animalito para la vacuna o ponerle el chip, miraba para otro lado». De cualquier forma, dos veterinarios que actuaron ayer como testigos pintaron una «situación grotesca» de «exterminio» en las instalaciones de esta protectora.

La acusada, por su parte, aseguró que los animales fallecidos en casi tres años fueron 283 y no 2.200 –su defensa habló de más de 2.800–, calificó la cifra de las acusaciones de «monstruosa» y afirmó que los sacrificados lo fueron o por enfermedad o «porque hay dueños que piden la eutanasia y, para aliviarles el sufrimiento, los llevan a veterinarios».

El fiscal asegura en su escrito que la encausada sacrificaba a perros y gatos de forma «masiva e injustificada», muchos de ellos sanos», inyectándoles el medicamento que acabó con ellos sin sedarlos y con una dosis inferior a la recomendada, por lo que las mascotas «se retorcían de dolor a su vista durante horas», firmando después los certificados de eutanasia «bajo el nombre de supuestos veterinarios». También está acusado uno de sus empleados.

La acusación pública cree que así quería hacer espacio en el centro para primar sus intereses privados. De cualquier forma, habló de «venganza» y de «cúmulo de mentiras» en relación a las versiones de testigos, fundamentalmente veterinarios, cuyas declaraciones sustentan la acusación. A muchos de ellos los despidió. Incluso, habló de una reunión con tres de los facultativos que le propusieron gestionar ellos una parte de Parque Animal, pero ella se negó. También culpó de los listados a una administrativa, dijo que los hacía aleatoriamente. «Nunca hice un listado, yo me dedicaba a mis ocupaciones, que eran los animales», agregó.

Para llevar a cabo los sacrificios, precisó, ella tenía en cuenta la opinión de los veterinarios y a veces incluso se oponía. «Para el veterinario es más cómodo que curar 15 o 20 animales eutanasiarlos», añadió. «Siempre era el veterinario», aseveró, para aclarar después que llegaban a un pacto.

El fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, le preguntó si era cierto, como declararon dos veterinarios, que la vieron con una jeringuilla en la mano y los animales agonizando, a lo que ella replicó: «Con una jeringa en la mano me han podido ver, no con doletal» –la droga suministrada a los animales–. Así, se quejó de que se filtraran a la prensa algunas de las fotos en las que se muestran los cadáveres de animales en el congelador y criticó que la Guardia Civil no hiciera analíticas de las canes sacrificados, que tenían enfermedades terminales.

Así, agregó que en las listas de mascotas exterminadas se metían los perros atropellados o los cadáveres recogidos en Torremolinos. «Yo soy una amante de los animales, no soy capaz ni de cortarles las uñas», insistió, para incidir en que ella se ocupaba de tenerlos «arreglados» y «monos» para facilitar su adopción. No en vano, la gente sigue confiando en ella, añadió, y ahora tiene doce perros, catorce gatos, dos conejos y dos tortugas.

Durante la sesión de ayer, participaron dos veterinarios que trabajaron para la mujer. Uno de ellos confirmó «las auténticas sesiones de exterminio» que se llevaron a cabo en el centro, que también actuaba como perrera para Torremolinos, preferentemente los lunes por la mañana. Este también relató que, tras detectar los sacrificios masivos y sin control médico, decidió grabar vídeos para tener pruebas. «Vi un patio lleno de perros muertos», lamentó este sanitario.

Explicó que la acusada administraba de su propia mano los productos eutanásicos por vía distinta a la intravenosa y sin sedación previa, «me reconoció que los pinchaba donde pillaba», apostilló. Incluso, comprobó que se conectaba la música a la megafonía para que no se oyeran los alaridos de «sufrimiento» de los animales al exterminarlos y que un trabajador le reconoció que los perros se metían vivos en bolsas. Uno de sus colegas aclaró que vio «la matanza» de animales en dos ocasiones, cuando se hacían con doletal, y añadió que la situación era «grotesca» y conocida por todos, pero no tenían pruebas.

La defensa de la acusada afirmó que los registros en las instalaciones se hicieron sin control judicial y alegó indefensión, lo que rechazó el fiscal, afirmando que la relevancia social «no la causa el Seprona, sino los hechos».

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