Empresas

Las empresas que entran en concurso firman el nivel más bajo de toda la crisis

Málaga registró 69 nuevos procesos en 2016, un 40% menos que el año anterior, con el comercio al por mayor como sector más castigado

07.02.2017 | 23:34
Imagen de uno de los juzgados de lo Mercantil de Málaga.

Los economistas se quejan de la saturación de los juzgados

El número de empresas que entraron en concurso de acreedores en la provincia de Málaga durante el año 2016 fue el más bajo de toda la crisis económica y firmó su cuarto ejercicio de caída tras alcanzar su tope histórico en 2012, cuando se vivían los peores tiempos de la recesión. Según la estadística anual publicada ayer por al Instituto Nacional de Estadística (INE), Málaga registró el pasado año un total de 69 nuevos procesos concursales en empresas, con un descenso del 40% respecto a 2015. Desde que comenzó la crisis, casi 1.200 firmas malagueñas se han visto abocadas por sus deudas a entrar en concurso, ya sea de forma voluntaria u obligadas por sus acreedores. En 2012, el año con más quiebras de toda la serie histórica, se registraron 193 concursos empresariales.

Para el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, las cifras a la baja constatan una «progresiva mejora de la situación económica» de las empresas, a pesar de que las estadísticas del proceso concursal no reflejen, según comentó, toda los problemas de insolvencias que se registran en e tejido productivo

«Sin duda, el hecho de que cada vez sean menos las compañías que quiebran habla de una recuperación de la economía. No obstante, hay que recordar que muchas empresas echan el cierre al margen del concurso de acreedores», recordó. La recuperación de la demanda interna por la subida del consumo, el creciente flujo de exportaciones y las mayores facilidades de financiación para las empresas son algunas de las razones que sustentan la mejora de la coyuntura económica.

Por sectores, el comercio al por mayor fue el que sumó más empresas que solicitaron el concurso (23), seguido de la construcción y el ámbito inmobiliario (18) y los servicios (8). Del total de firmas, el 87% solicitó el proceso concursal de forma voluntaria. El perfil predominante fue el de pequeñas empresas de menos de diez trabajadores y con un volumen de negocio de hasta un millón de euros.

Robles afirmó que el colapso de casos en los juzgados de lo Mercantil sigue provocando que los procesos concursales se dilaten en exceso, lo que hace que algunas empresas desistan de coger esta vía y acaben directamente desapareciendo. «Las empresas no confían en el proceso concursal porque lo ven ineficiente. Los juzgados están haciendo todo lo que pueden para desatascar la situación, realizando un trabajo a destajo para intentar ponerse al día. El problema es que faltan más órganos judiciales para atender todos estos casos», apuntó.

En Málaga hay dos juzgados de lo Mercantil, cada uno de ellos con dos magistrados, pero el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido en varios informes que harían falta varios más (se llegó a hablar de ocho) para poder atender el flujo de trabajo en los plazos adecuados. La actual situación provoca, según apuntó el decano de los economistas, que casos que deberían resolverse en un máximo de dos años se dilaten hasta el doble de ese tiempo. La consecuencia, añadió, es que más del 90% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación (aunque también es cierto que muchas llegan ya a este proceso en fase terminal).

Robles también volvió a reclamar una reforma integral de la Ley Concursal para hacerla más funcional y operativa. A su juicio, la actual normativa otorga muy poca autonomía a los administradores concursales, ya que todas las decisiones tienen que ser refrendadas por el juez. Además, criticó que las deudas de las empresas con los organismos públicos tengan un «carácter ultraprivilegiado», ya que a su juicio eso dificulta la tarea del administrador para solicitar créditos y pagar a proveedores. El decano consideró negativo que las instituciones tengan poder de vetar un acuerdo en junta de acreedores. «Estos casos se dan sobre todo con Hacienda y también con la Seguridad Social. Casi siempre votan en contra e impiden que la empresa pueda salir adelante», criticó.

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