El presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, está convencido de que la llamada economía solidaria y colaborativa tendrá un papel cada vez más preponderante en España. Sobre todo, a la hora de afrontar los gastos que se derivan de dinámicas sociales como el envejecimiento de la población activa, que es uno de los asuntos que se abordan desde ayer y hasta el próximo miércoles en las jornadas sobre retos económicos organizadas por la institución.
Medel, que inauguró el encuentro, insistió en que las dificultades que se entrevén en el horizonte harán que el Estado sea insuficiente, por lo que no quedará más remedio que contar con otras fórmulas de compensación y respaldo, entre las que citó a las familias, al voluntariado y a las ONG.
El responsable de la fundación, que estuvo acompañado, entre otros, por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado, y el presidente del Consejo Consultivo de la Fundación de Cajas de Ahorros, Victorio Valle, situó entre los grandes desafíos económicos al envejecimiento, pero también la adaptación a la tecnología y la inmigración, que, en su opinión, se trata de un fenómeno ante al que los políticos «les cuesta hablar con claridad» y que explica en gran parte procesos como los del brexit o el ascenso electoral de Trump. «No reconocer que ahí hay un problema de pronunciamiento social es querer obviar la realidad», subrayó.
En su discurso inaugural, Medel hizo mención a la agenda de temas que abordarán las jornadas y reflexionó sobre las exigencias financieras aparejadas al crecimiento de la esperanza de vida y a la disminución de la población en edad laboral. Unas nuevas reglas de juego que, abundó, conciernen también de lleno a la organización del sector público, que tiene que gestionarse con eficiencia, evitando el despilfarro de recursos. «No puede ser que el Estado desarrolle cosas nuevas sin abandonar ninguna de las antiguas», razonó.
El gestor financiero lamentó que la Unión Europea carezca de un gobierno comunitario capaz de asumir con directrices claras y paso firme las dificultades que empiezan a atisbarse en países como España, donde no será nada fácil encarar el aumento de gasto social con un escenario laboral tan debilitado en muchos de sus frentes. Sánchez Maldonado apostó en su intervención precisamente por orientar la acción hacia la creación de empleo, que es la única vía a su juicio capaz de contrarrestar los efectos sociales y económicos del envejecimiento.
El representante de la Junta apoyó sus palabras en un estudio de la Unión Europea que indica que la subida de la edad media de la población supondrá un incremento del gasto público de 1,6 puntos en 2040 y del 1,8 en 2060. Además, instó a reformar el sistema de pensiones y garantizar que los mayores no pierdan poder adquisitivo. Para Sánchez Maldonado, los daños provocados por la crisis se han agravado en los últimos años por la puesta en práctica de soluciones erróneas, de enfoque neoliberal, que han hecho que la desigualdad se acentúe. «Necesitamos un nuevo proyecto que ponga en el centro de las políticas a las personas», resaltó.
Sánchez Maldonado coincidió con Medel en la necesidad de procurar un desarrollo sostenible, especialmente en lo que respecta a la administración de los recursos públicos, que tendrá que tener en cuenta a partir de ahora la reducción de ingresos inherente al aumento de población de mayores de 65 años. «Un país envejecido comporta un mayor gasto en pensiones, salud y dependencia», expuso.
Las jornadas, que tienen lugar en la sede bancaria de la plaza de la Marina, reúnen a especialistas y académicos como Anna Cabré, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ayer disertó sobre la evolución de la población en el país. Berta Álvarez Miranda, del Centro de Investigaciones Sociológicas, Claudia Finotelli de la Complutense o el estadista Joaquín Leguina son otros de los ponentes.
