La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha pedido en un comunicado el cese de la ofensiva a las mujeres que acuden a la clínica Ginecenter. Tal y como publicó este periódico el pasado sábado, un colectivo provida, llamado Corazón de María, está llevando a cabo la campaña «40 días por la vida» con la que protestan, en diversas ciudades, ante clínicas donde se practican abortos. Según denunciaron usuarias y la propia clínica, el colectivo está durante todo el día apostado frente a la puerta y reparte octavillas con fotos de fetos muertos y tratan de convencer a las mujeres de que no se sometan a un aborto. «La pasividad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de estas mujeres y del equipo médico y sanitario alienta a unos grupos que de manera intermitente vienen acosando a la clínica Ginecenter de Málaga desde el año 2014, sin que el subdelegado del Gobierno haya recibido a los profesionales que desde entonces han intentado que cumpliera con su responsabilidad, y sin que se hayan resuelto las denuncias que han sido interpuestas contra estos grupos antiderechos», señalaron en el comunicado, en el que pidieron tanto a la Delegación como a la Subdelegación del Gobierno «garantizar» la seguridad de las mujeres en el ejercicio de su derecho a interrumpir su gestación y que se impliquen en la resolución del conflicto. «Les pedimos que se involucren de la misma manera que estamos seguros lo harían, si el orden público se viera alterado a las puertas de un edificio oficial, un centro sanitario público o un lugar de culto religioso», apuntaron.

De igual forma, ACAI pide a la Consejería de Sanidad de Andalucía que tome parte en la resolución del conflicto, ya que para los profesionales de estos centros resulta cada vez «más complicado» no solo salvaguardar la seguridad de las mujeres y profesionales, sino garantizar la normalidad de esta prestación sanitaria, pudiendo llegar a producirse un problema de salud pública si se sigue desoyendo y desatendiendo la situación.

Asimismo, solicitan «que no se siga ejerciendo esta violencia reiterada contra ellas» y que consideren que dado el estigma social que pesa sobre las mujeres que interrumpen su embarazo, pese a estar reconocido por ley este derecho, «es altamente improbable que las afectadas denuncien el acoso del que están siendo objeto, ya que interponer una denuncia contra este colectivo implicaría dejar al descubierto su identidad y su intimidad durante el proceso judicial, algo que no desean».