19 de marzo de 2017
19.03.2017
Jurisprudencia

La Fiscalía carga contra varios clubs de cannabis de la provincia

El fiscal Antidroga de Málaga recuerda que, según las directrices del Supremo, para no incurrir en delito estos establecimientos han de cumplir varias condiciones

20.03.2017 | 13:24
Plantas de cannabis intervenidas en una operación policial.

Las asociaciones aspiran a la autorregulación y a un protocolo

  • La dirección de la página es la siguiente: http://www.regulacionresponsable.es/. En ella, distintos colectivos abogan por la legalización del consumo de cannabis y productos derivados y la autorregulación responsable. La Federación de Asociaciones Cannábicas de Andalucía (Facsur) está conformada por una veintena de asociaciones que promueve el consumo responsable y la apertura de clubes sociales de cannabis en la región. Así, entre sus objetivos se encuentran «crear un sistema de autorregulación para las asociaciones cannábicas andaluzas, que incluya un registro específico y un protocolo con la Consejería de Justicia e Interior para que estar organizaciones puedan desarrollar sus actividades legalmente; defender y representar los intereses de las asociaciones y las personas federadas, tener un servicio de defensa jurídica, crear un código de buenas prácticas en todas las asociaciones, normalizar el marco sociopolítico que afecta al colectivo, desarrollar e implementar técnicas de reducción de riesgo de daños asociados al uso del cannabis, favorecer la investigación, etcétera...».

Deben contar con un número restringido de socios, todos ellos identificados, no se puede sacar la sustancia a la calle, no debe existir ánimo de lucro ni tampoco se puede donar la droga, así como tampoco se ha de favorecer el consumo de terceros

La Fiscalía Antidroga de Málaga investiga actualmente a cuatro clubes de cannabis radicados en la provincia por supuesto delito de tráfico de drogas y en uno de esos casos ha presentado un escrito de acusación fiscal de cara al juicio, que habrá de celebrarse próximamente en un juzgado de lo Penal de la capital.

El fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Málaga, Fernando Bentabol, asegura que algunos de estos centros «encubren centros de distribución de droga», aunque no siempre es el caso y recuerda que estos delitos contra la salud pública están penados con un tiempo de cárcel que va desde uno a los tres años.

Actualmente, ninguna ley ampara la existencia de los clubes de cannabis, de tal forma que están en una posición alegal. Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo sí ha generado ya suficiente jurisprudencia en diversas sentencias para entender cuándo estos centros podrían estar incurriendo en un delito contra la salud pública.

Bentabol señala, por ejemplo, refiriéndose a esa jurisprudencia del Alto Tribunal español, que el establecimiento ha de contar con un número restringido de personas y que han de estar controladas, es decir, identificadas. Otra regla básica, insiste, es que el cannabis debe ser consumido dentro del local, «por lo que no se puede sacar droga a la calle».

Pero hay más reflexiones del Supremo que han de ser seguidas para no incurrir en un delito de tráfico de drogas: «No se puede tener ánimo de lucro, el dueño no puede comprar ni vender, ni a los socios ni a nadie de la calle, así como tampoco se puede donar la sustancia», explica Bentabol, quien añade que es importante no favorecer «el consumo de terceros». La droga, además, debe provenir de las plantas que tiene el club porque en el momento que una persona de fuera y pueda comprar existe tráfico.

La Fiscalía General del Estado, de hecho, se felicitaba en la memoria de 2015 de que la Sala Segunda del Supremo haya asumido su posición respecto a los llamados clubes de cannabis, que estaban hasta entonces en una posición alegal, aunque se han dado múltiples intentos en diversas ciudades españoles de ordenarlos a través de normas emanadas de los ayuntamientos. «Mostramos nuestra satisfacción por que dicha sentencia –una relativa a un club de cannabis– ha asumido la posición de la Fiscalía en el sentido de que la actividad de aquellas encaja perfectamente en la tipificación del tráfico de drogas.

En septiembre de 2016, los grupos Málaga Ahora y Málaga para la Gente, a instancias del partido Agora, anunciaron que iban a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción conjunta en la que piden que se regularicen los clubes sociales de consumo de cannabis. En concreto, instaban al equipo de Gobierno a iniciar los trámites para la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal reguladora de la ubicación de estos establecimientos y de las condiciones en que ejercen su actividad, y aludieron a que «la inseguridad jurídica ha de acabarse», según la edil Ysabel Torralbo, mientras que el concejal Eduardo Zorrilla añadió que sería «una postura hipócrita dar la espalda a una realidad existente, nos movemos en un vacío legal».

En la citada ordenanza se regularían cuestiones como las distancias de los clubes con colegios o centros sanitarios; la ocupación de espacios adyacentes al local mediante sillas, mesas, toldos, etc; los horarios de apertura y cierre ; la publicidad o tramitación a personas que no sean socias del club; a la vez que se limitará el abastecimiento de cannabis a la producción propia.

La creación de estos clubes impediría que se establezcan otras entidades que no respeten unos criterios de buenas prácticas en relación al consumo de cannabis.

Los datos

En 2015, los juzgados de Instrucción de la provincia abrieron un total de 1.121 diligencias previas relativas a delitos contra la salud pública, es decir, narcotráfico en su mayor parte, frente a las 1.103 de 2914, lo que supone un incremento en términos relativos del 1,63%, según los datos de la Fiscalía General del Estado.

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