La décimo sexta edición de las Jornadas Jurídicas Por el diálogo, organizadas por Unicaja y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), comenzaron ayer en la sede de la entidad financiera con una mesa redonda sobre la prisión provisional y el cumplimiento efectivo de las penas. El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde, ponente, consideró esencial la recuperación del dinero en casos de corrupción para que luego los tribunales puedan suspender la ejecución de la pena de prisión.

No en vano, consideró que los numerosos casos de corrupción que hoy se están dando sí pueden influir en cierto modo en el hecho de que no se suspendan penas. «Es uno de los criterios que se tienen, que pueden valorar los jueces en cuanto a la suspensión, y sí, en la práctica se está teniendo en cuenta».

«La doctrina entiende que hay que darle un poco de confianza a la ciudadanía para que confíe en la justicia, hay casos muy escandalosos, las responsabilidades civiles, el dinero, que es sobre todo lo que el ciudadano reclama... eso se tiene que garantizar que se va a recuperar de la mejor forma posible y sería un requisito para aplicar la suspensión de la condena», reflexionó.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, Esteban Mestre, consideró: «Estamos en la misma línea, los jueces deben aplicar la legislación que es igual para todos a los casos concretos, y en los casos concretos siempre hay una sensibilización mayor o peor atendiendo al impacto que esos casos provocan». Desde su punto de vista, «no es lo mismo una pequeña delincuencia que ha generado una disrupción momentánea de la convivencia, que alguien que, sistemáticamente, desde posiciones de poder o de dominio, realiza actos que paradójicamente tienen poca pena».

Por ello, la posibilidad de suspenderle la pena se realiza como «una confianza que se da al penado para que se reinserte».

Nuria Torres, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, recordó que ahora el régimen para suspender las penas es «más flexible» que el de antes, pero queda a discrecionalidad el juez. Ella disintió de sus compañeros, en el sentido de que los casos de corrupción actuales no influyen en la suspensión.

María Teresa Sáez, magistrada de la Sección V de la Audiencia Provincial malagueña, una de las organizadoras de las jornadas, explicó que su objetivo es que «los ciudadanos sepan que tienen unos jueces con los que pueden contar, que trabajan y trabajan mucho». Recordó que este año se van a tratar asuntos como los delitos de odio o temas de filiación y maternidad subrogada, «temas que nos preocupan a todos y que son de actualidad».