­El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, aseguró ayer que no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de proponer que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación «suficiente» de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

En respuesta a una pregunta oral formulada en comisión parlamentaria por la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez, el consejero del ramo afirmó, no obstante, que «difícilmente» el Gobierno andaluz puede llevar a cabo ninguna acción en relación a este asunto porque no tiene «ninguna competencia» sobre el mismo, siendo el Ministerio de Justicia el competente.

De Llera explicó que el cambio de sede se debe dar cuando haya circunstancias que lo exijan y él considera que éstas no se han dado «de momento». Así, indicó que comparte el posicionamiento del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien anunció un voto particular porque «no concurren circunstancias objetivas para esa división» y «no contribuye a una mejor administración de justicia».

Por su parte, la diputada de IULV-CA mostró el «total desacuerdo» de su grupo con este acuerdo «fuera de lugar» y se ha sumado a las «protestas» que han surgido en la ciudad de Granada. Tras apuntar que dicha decisión «incumple el Estatuto», María del Carmen Pérez explicó que la ubicación de esta sede en Granada responde a «razones históricas y de arraigo». Junto a ello, defendió que no existe «ninguna justificación de peso» para que se disperse la Sala de lo Penal, «salvo intenciones del Gobierno central». En su opinión, ello supone «un castigo innecesario y otro varapalo más» a la ciudad de Granada, «además del ferroviario».

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular de Málaga, Margarita del Cid, aplaudió ayer la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desplace a Málaga una de las nuevas secciones de lo Penal previstas, ya que considera que «está fundamentado por el elevado volumen de asuntos que genera la provincia».

En este sentido, la dirigente popular fijó la posición de esta formación respecto a la propuesta elevada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior al Consejo General del Poder Judicial, por la que sus integrantes han solicitado que se dote de magistrados y medios a una sección de lo Penal desplazada a la provincia de Málaga.

Según Del Cid, «la decisión que toman los integrantes del Alto Tribunal se basa en la búsqueda de un mejor desempeño de sus funciones, por lo que la toma en consideración de la misma por parte del CGPJ no debería estar sometida a presiones ni a debates fuera del propio ámbito de la Administración de Justicia», afirmó en un comunicado en relación a las discrepancias que ha generado esta propuesta en otras provincias.

«No se trata de una cuestión de cuotas territoriales o políticas, sino de encontrar la mejor opción para que el TSJA pueda afrontar con garantías su trabajo, sobre todo en una provincia como Málaga que genera, no sólo un gran volumen de asuntos, sino además de una enorme complejidad en muchos de los casos», defendió la secretaria general de los populares malagueños.