García Grana

Un proceso de venta que dura ya 58 años

22 familias, que lograron que en 2011 el Ayuntamiento les reconociera el derecho a ser propietarios de sus pisos antes de final de 2014, han presentado un recurso porque el Consistorio pospone la fecha a 2028

13.06.2017 | 23:24
Junto al Sonajero, el símbolo del barrio.

«Mi madre, que tiene 95 años, ha pedido una prórroga a Dios de diez años porque quiere verse propietaria de su casa», cuenta con ironía Francisco Domínguez, vecino de la barriada García Grana.

La familia de Francisco y otras 21 del barrio están padeciendo en sus carnes lo complicado que es convertirse en propietarios de unos pisos municipales de alquiler, con opción a compra, pese a cumplir con todos los requisitos. Y eso, a pesar de que en 2011, el consejo rector del IMV (Instituto Municipal de la Vivienda) reconoció sus reclamaciones y sendas mociones del PSOE, en 2015 y 2016, instaban al Ayuntamiento a dar cumplimiento, lo antes posible, «a la venta de las viviendas a la veintena de familias cuyos expedientes ya estaban resueltos y culminados en el año 2011». Las dos fueron aprobadas.

Sin embargo, el año pasado, el consejo rector del IMV acordó reconocer un futuro derecho de propiedad a todas las familias de la barriada, una vez quede amortizado el préstamo hipotecario, algo que ocurrirá en 2028.

Hace dos años, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, ya declaró a La Opinión que las 22 familias deberían esperar con el resto: «Es verdad que estos 22 vecinos fueron los primeros, pero tienen que esperar con el resto, no podemos llevar a cabo dos procesos de legalización del barrio», argumentó.

Ayer, reiteró el mensaje: «Sería injusto no pensar en las 126 familias más del barrio que se van a beneficiar y tienen derecho, tras abrir el proceso para presentar y justificar su derecho». También recordó que los vecinos han recibido viviendas nuevas, tras la construcción de un nuevo barrio y el derribo del anterior del 59.

Además, un informe jurídico encargado por el IMV el año pasado señalaba que dar cumplimiento a los dos mencionados acuerdos del pleno «vulneraría o conculcaría el principio de igualdad de la Constitución española».

«Esto es un cachondeo, nos han metido en el mismo saco», lamenta Victoria Reyes, una de las vecinas que deberá esperar a 2028 para ser propietaria. La paradoja es que, desde 2012, estas 22 familias ya no pagan alquiler, sólo comunidad, pero siguen sin el título de propiedad.

Por todo ello, varias de ellas han presentado un recurso contencioso administrativo para oponerse a la medida.


Mismo trato pero sin perjudicar

La abogada de los vecinos, Concepción León-Parreño lamentó ayer que «haya personas muy mayores que están falleciendo sin haber visto la escritura de propiedad». La abogada también subrayó la paradoja de que ya no paguen renta, y sin embargo, «es como si aplazaran el reconocimiento de la propiedad».

Sin embargo, informó, si el inquilino fallece, el piso no pasa a los herederos legítimos sino que el contrato se subroga, «en la persona que dos años antes del fallecimiento ha convivido con el inquilino, con lo que lo tratan como arrendatario», lo que a su juicio está forzando a algunos familiares a permanecer en las casas y a no dejarlas por miedo a perderlas para siempre.

Para la letrada, «hay que dar el mismo trato a todos pero tampoco se trata de que los que vengan en segundo lugar perjudiquen a los primeros».

Por su parte, el concejal socialista Sergio Brenes recordó ayer a este diario que, «en víspera de las elecciones municipales en 2007 y 2011 el PP prometió la propiedad de las viviendas a los vecinos». En su opinión, «no tiene sentido que las mismas personas que votan reconocerles la propiedad, de la noche a la mañana se lo quiten. No es justo que se utilice a las familias de esta manera».

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