Sucesos

La estafa de la multipropiedad en la costa podría afectar a 500 personas

La Policía Nacional ha detenido a 36 personas a las que acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y pertenencia a organización criminal

06.07.2017 | 00:02
El comisario provincial, Francisco López, el subdelegado, Miguel Briones, y el comisario Ángel Barros.

Reclamaciones de los empresarios de Málaga

  • Una denuncia colectiva
    Un abogado de Benalmádena presentó una denuncia en representación de 33 personas, mayoritariamente británicas, que denunciaban paquetes fraudulentos sobre multipropiedad.
  • Un fraude de 17 millones
    La investigación, que continúa abierta, calcula que podría haber medio millar de afectados. La estafa podría alcanzar los 17 millones con unos beneficios de 12.
  • Modus operandi
    Los detenidos ofrecían a los propietarios de tiempo compartido adquirir un paquete vacacional y, por otro, la de vender su tiempo compartido a posibles compradores.
  • Cantidades defraudadas
    Para comenzar estos trámites, les exigían una cantidad de dinero determinada, entre 600 y 3.000 euros por gestión.

La estafa podría alcanzar los 17 millones, dinero que blanqueaban con la ayuda de dos abogados comprando inmuebles y terrenos - El líder ya fue detenido en 2015 en una operación similar.

Treinta y seis personas han sido detenidas y una más investigada como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a estafas masivas en el ámbito de la multipropiedad de la Costa del Sol. La investigación, que sigue abierta y podría arrojar nuevas detenciones, ha concluido que los implicados podrían haber defraudado 17 millones de euros con unos beneficios netos que alcanzarían los 12 millones, mientras que las víctimas, mayoritariamente británicas, podrían ascender al medio millar. Además del cabecilla, un británico que ya fue detenido en 2015 en el marco de una operación similar con 56 detenidos y al menos 500 afectados, han sido arrestados su mujer, su hijo, la nuera y dos abogados.

Según explicó ayer el comisario provincial de Málaga, Francisco López, que estuvo acompañado por el comisario jefe Ángel Barros y el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, las cantidades estafadas iban desde los 600 a los 3.000 euros por familia, dinero que pasaba a las cuentas de los colaboradores de la organización, quienes se quedaban con una comisión antes de derivar el resto de dinero al líder. Posteriormente, un despacho de abogados españoles con sede en Benalmádena se encargaba de blanquearlo con la compra de inmuebles y terrenos. La operación ha sido posible gracias a la denuncia que en octubre del año pasado puso otro letrado de Benalmádena que representaba a 33 víctimas y que destapó cómo una empresa había contactado con ellos para ofrecerles adquirir un paquete vacacional de tiempo compartido para lo que tuvieron que pagar unos gastos de gestión, y que una vez hicieron el desembolso no pudieron disfrutar nunca de esos derechos. La intervención policial ha incluido cinco registros y la intervención de 126.000 euros, siete vehículos, entre ellos un Ferrari, joyas y piedras preciosas. Las primeras pesquisas encaminadas a determinar el lugar desde el que operaba la sociedad dieron como resultado la localización de tres empresas desde las que se habían realizado las operaciones fraudulentas. Posteriormente, los agentes hallaron un entramado organizacional delictivo compuesto principalmente por seis personas, el principal investigado –autor intelectual–, su mujer, su hijo y su nuera –personas de su total confianza que ocuparían el eslabón más próximo a él–, dos letrados –que serían los encargados del blanqueo de capitales– así como una treintena de colaboradores necesarios para llevar a cabo los fraudes.

Los investigados se ponían en contacto con las víctimas potenciales –todos ellos propietarios de tiempo compartido y nacionalidad inglesa– y les ofrecían, por un lado, la posibilidad de adquirir un paquete vacacional y, por otro, la de vender su tiempo compartido a posibles compradores. Para comenzar los trámites –para la adquisición o venta del paquete vacacional– y en concepto de fianza, exigían a las víctimas una cantidad de dinero determinada. Tras llegar a un acuerdo con los propietarios les engañaban para que realizaran las transferencias económicas. Pasado el tiempo, los propietarios, que no veían cumplidas sus expectativas de venta o compra, se daban cuenta de que estaban ante una estafa.

La policía también ha averiguado que los investigados se brindaban como una empresa que se ofrecía para emprender acciones legales en contra de las empresas timadoras, pretendiendo de esta manera estafar nuevamente a las víctimas.

El subdelegado del Gobierno, por su parte, destacó que esta operación es «una buena manera de demostrar el músculo que tiene la investigación policial en este tipo de tipos delictivos» y subrayó la importancia de esta operación para la comunidad británica y todos los turistas «que vienen para disfrutar de sus vacaciones y este tipo de delitos trunca sus expectativas».

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