La Junta de Andalucía y el PP volvieron a enfrentarse ayer a propósito de las infraestructuras hidráulicas después de que la secretaria provincial de los populares, Patricia Navarro, acusara a la administración autonómica de dejación de responsabilidades en la limpieza de los arroyos. Un reproche que no sentó nada bien al Gobierno andaluz, que vio en la crítica un intento de sacar «rédito político» de las lluvias torrenciales.
A primera hora de la mañana, y con la amenaza de fuertes precipitaciones en muchos puntos de Málaga, Navarro insistió en la necesidad de aprobar un plan «urgente» de acondicionamiento de cauces de ríos y arroyos en la provincia, porque, según dijo, es la que «más se ve afectada» por este tipo de episodios.
La también portavoz de Medio Ambiente del PP en la Cámara andaluza advirtió deque los cauces de los ríos y arroyos «siguen acumulando» sedimentos, vegetación y residuos sólidos, porque a su juicio la Junta «no ha cumplido con su obligación y no ha acometido su limpieza». En este sentido, acusó al Gobierno andaluz de estar «de brazos cruzados» y no dejar que otras administraciones actúen para prevenir «grandes daños materiales o pérdidas de vidas».
Las declaraciones de Navarro no sentaron nada bien a la Junta de Andalucía, que reaccionó arguyendo que en los últimos dos años ha actuado en 347 cauces de las cuencas de las demarcaciones de su competencia y lamentó que el PP intente obtener réditos políticos «utilizando la mentira».
Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Andalucía ha invertido en acondicionamiento de cauces casi 7,7 millones entre 2016 y 2017, tanto en obras ordinarias como de emergencias, y ha destinado 28,5 millones en el período 2010-2018. De acuerdo con el Gobierno andaluz, Málaga, con 7,1 millones destinados a estas labores, es la provincia en la que más se ha invertido en la última década en este ámbito.
