Pensionistas

El Gobierno quita la pensión no contributiva a 855 malagueños tras repasar sus ingresos

Los controles en 2016 propiciaron la supresión a 471 jubilados y 384 personas con invalidez que rebasaban la renta permitida

03.09.2017 | 01:57
Dos pensionistas, en una imagen de archivo.

El Gobierno retiró la pensión no contributiva a 855 malagueños en 2016 tras revisar sus ingresos y constatar que superaban los límites establecidos para poder beneficiarse de esta paga, según los datos que maneja el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La mayoría de las pensiones anuladas con los controles fueron prestaciones por jubilación, 471, pero también hay otras 384 en concepto de invalidez que fueron retiradas. Desde el año 2009 el Ejecutivo ha retirado la pensión contributiva a más de 7.000 malagueños a partir de los controles efectuados por el Imserso (unas 3.800 de jubilación y casi 3.250 de invalidez).

Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente para poder solicitar una pensión contributiva. En la provincia de Málaga hay, con los datos de cierre de 2016, casi 13.500 jubilados que cobran esta paga y algo más de 8.600 personas que reciben una prestación no contributiva por invalidez, lo que da un total de 22.100 pensiones no contributivas. Las cuantías, en todo caso, son muy reducidas (la pensión media por jubilación el pasado año era de 354,6 euros y la de minusvalía, 393,2). La Junta de Andalucía las complementa con una paga única anual que, en 2016, se situó en 120,56 euros por perceptor.

Para poder recibir esta prestación, no obstante, es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos. En el caso de las pensiones de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar los 5.150 euros anuales. Si convive con más personas en el hogar, el límite se amplía y puede llegar a un máximo de 39.900 euros por unidad familiar al año en el caso de que viva con sus hijos y sean más de tres las personas en la vivienda.

Aunque de entrada cumplan estos requisitos y accedan a una pensión no contributiva, el Gobierno controla periódicamente los ingresos de los beneficiarios a través de la información recibida de las direcciones territoriales del Imserso y de los órganos competentes de las comunidades autónomas (gestoras de las prestaciones no contributivas) y puede modificar las cuantías o retirar la paga si se superan los baremos de renta establecidos. De hecho, el pasado 2016 el Imserso también adaptó la paga no contributiva a su nueva situación económica a un total de 1.083 malagueños (ya sea para bajarla o para subirla, al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario dentro del margen admitido).

Vías de control

La Seguridad Social tiene dos vías para revisar estas pensiones. Por un lado, los pensionistas están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos personales y de los demás miembros de la unidad familiar, tanto referidos al año anterior y los previstos para ese ejercicio. Desde el Gobierno verifican la documentación cruzándola con sus bases de datos. Si el beneficiario incumple su obligación de presentar la declaración de ingresos se le suspende cautelarmente la paga.

El otro sistema de control es a través de revisiones de oficio y a instancias de parte. La Seguridad Social actúa cuando sospecha que han cambiado las circunstancias del pensionista, que por ley está obligado a comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio en su renta.

Como resultado de estos dos mecanismos de control, la Seguridad Social puede retirar la prestación si comprueba que se supera el tope legal de ingresos. Así, en los últimos ocho años tras realizar las revisiones ordinarias se retiró la prestación a 1.926 malagueños, que se sumaron a los más de 5.100 que se quedaron sin la paga tras las inspecciones de oficio realizadas por la Seguridad Social.

Extinción por fallecimiento

Superar los niveles de renta establecidos no es, sin embargo, la única razón para retirar la paga no contributiva. La Seguridad Social anuló 702 pensiones no contributivas en 2016 tras constatar que el beneficiario había fallecido. En ocho años se han retirado 5.400 prestaciones de jubilación o invalidez por esta causa, la mayoría a raíz de las inspecciones de oficio de la Seguridad Social.

De todas las comprobaciones que practicó la Seguridad Social en 2015, en el 83% de los casos se mantiene la pensión sin cambios. Solo el 7% de las inspecciones acaba en la supresión de la paga y en otro 6% de los casos se modifica su cuantía al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario.

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