Educación

La amenaza de cárcel no evita las continuas agresiones a los profesores

"Lamentamos que aún se siga atacando al profesorado que lo que hace es que los niños aprendan", dicen en CCOO

22.11.2017 | 19:26
Imagen de archivo de alumnos de un instituto antes de entrar al centro educativo para dar clases.

Hace diez años, Antonio Escámez, luego delegado de Educación, fue víctima del primer ataque que fue considerado atentado a la autoridad pública - ANPE atiende un centenar de casos al año

Hace ya diez años, pero aún quedan heridas en el alma. Aquello, no en vano, supuso un antes y un después para Antonio Escámez, que luego sería delegado territorial de Educación. El 5 de octubre de 2007 fue agredido por el hermano de un alumno que había sido expulsado previamente por agredir, a su vez, a otro escolar. Sufrió lesiones físicas que se curaron rápido y otras psicológicas que tardaron más. Su caso tuvo una repercusión mediática abrumadora. En primer lugar, por la brutalidad del ataque, y en segundo, porque fue la primera vez que un episodio de violencia contra un profesor se juzgó por la vía penal (tres años después) y fue considerado un atentado a un funcionario público.

La última sentencia condenatoria se conocía esta misma semana. En esta ocasión, una madre de Las Lagunas de Mijas era condenada a ingresar en prisión y a pagar una multa por agarrar del brazo y zarandear a la profesora de su hijo.

Pegar a un maestro salía barato, con relación al daño moral, más que físico, que esta agresión causaba al docente. Los episodios de violencia escolar contra los profesores se solían considerar faltas y como tales se tramitaban en los juzgados. Las penas se quedaban en simples multas económicas o, como mucho, en la obligación del acusado de estar permanentemente localizado durante un tiempo.

Este tipo de casos, lejos de disminuir, continúan con su escalada, a pesar de que quienes los cometen ya saben que pueden acabar a la sombra. Jurisprudencia hay. Pero el carácter disuasorio es relativo. «La gente sabiendo que puede ir a la cárcel, sigue actuando de esta manera. No es de recibo», dice Escámez, quien reconoce que «de alguna forma, aquello me hizo tomar decisiones que una vez terminado mi etapa de director no continuar en el mismo centro».

Este docente se alegra de «haber tenido la suerte» de no haber vivido, desde entonces, ningún acontecimiento parecido, aunque «el conflicto nos acompaña permanentemente en todos los ámbitos de la vida», por eso es tan importante que desaparezca del ámbito educativo.

El sindicato ANPE, a través de su servicio del Defensor del Profesor, ha tramitado en la provincia un centenar de denuncias por agresión en lo que va de año, según el asesor jurídico de la organización, Francisco Granados. «Lo que aprecio es que los casos han aumentado, y lo hacen en consonancia con la crisis económica, social y moral de la sociedad, que está experimentando una grave ausencia de valores», dice.

El artículo 124.3 de la LOMCE especifica que «los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos».

Por otra parte, según especifican fuentes de la Delegación, en Andalucía los respectivos decretos que aprueban los reglamentos orgánicos de los centros «establecen también el derecho del profesorado al reconocimiento de su autoridad magistral y académica».

ANPE, no obstante, insiste en que Andalucía hay falta de control por parte de la Consejería en aquellos casos en que se produce violencia en el aula. «La tendencia es casi siempre responsabilizar al maestro de los incidentes que se producen y siempre se les achaca que no tiene las habilidades suficientes para atender este tipo de contingencias», critica Granados.

Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga, recuerda cómo el sindicato defendió «desde el minuto 1» ante la Fiscalía General del Estado que los docentes fueran considerados autoridad pública y «lo conseguimos». «Los padres saben que si agreden a un profesor van a tener una sentencia condenatoria sí o sí», afirma.

«Lo que nosotros lamentamos es que después de varios años ya con esta historia todavía se siga atacando al profesorado que lo único que hace y tiene como objetivo es que los niños aprendan. Y velan por el bien de los hijos. Que se sigan produciendo actuaciones denigrantes para la profesión docente y humillantes para en general todo el profesorado es del todo censurable», lamenta.

«Quise con buenas palabras darle a entender que su hermano había agredido a niños de cursos inferiores y que no iba a perder las clases, pero que nuestra obligación era educar y teníamos que corregir las conductas violentas. Entonces me di la vuelta y se abalanzó sobre mí, me rompió la camiseta y me golpeó en la cabeza. Mis gafas salieron volando y caí al suelo. Allí me siguió dando golpes mientras yo estaba en posición fetal y desorientado», recuerda.

El juzgado suspendió el día de la vista el juicio de faltas para abrir diligencias penales por un presunto caso de atentado a un funcionario público. Semanas antes, escribió una carta a la entonces consejera de Educación, Teresa Jiménez. «Me sentía en la obligación de decirle que, en mi humilde opinión, no era suficiente. Y se lo transmití porque así lo sentí en la inmensa soledad que supuso estar en un banquillo codo con codo con mi agresor, frente a un magistrado».

«No fui agredido por ser un ciudadano particular y sí me vi en la obligación de denunciar a título particular. Fui agredido por aplicar un sistema, respetando escrupulosamente su espíritu garantista para con todos. Fui agredido por representar a una institución, la institución escolar. Creía que la agredida fue la institución, personalizada en mi persona». Es el relato desgarrador, diez años después. Y que Antonio Escámez es incapaz de olvidar.

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