Lo llevaba el rector en su programa de gobierno y por fin, después de casi año y medio de tramitación, la UMA ultima la convocatoria del claustro que aprobará la reforma de los estatutos de la institución. En principio se había previsto para finales del mes de mayo pasado, cuando se anunció el acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2016. Finalmente, y si no se producen nuevas demoras, será en febrero de 2018 cuando se celebre el claustro que debatirá y, en su caso, aprobará la reforma de los estatutos justo antes de que sean remitidos a la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Universidad malagueña informan de que el nuevo reglamento ya ha salido a información pública para permitir la presentación de alegaciones, y ya se ha terminado ese periodo. Además, la junta de portavoces ya se ha reunido, así como la mesa del claustro.

Ésta la integran el rector, José Ángel Narváez, que la preside, el secretario general, Miguel Porras, que ejerce de secretario, dos vocales en representación del sector de profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, un vocal en representación del sector de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios sin título de doctor y resto de categorías de personal docente e investigador, dos vocales en representación del sector de estudiantes, y un vocal en representación del sector del PAS.

Según dijo en su día el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, los actuales estatutos datan del año 2003, «por lo que su adaptación, además de ser una obligación, supone también una oportunidad para hacer una transformación de la estructura universitaria. Hay que repensar el gobierno de la Universidad», insistía.

Novedades

La principal novedad que pueden incluir los nuevos estatutos es la limitación de los mandatos de todos los cargos públicos electos, «algo que es bueno para la institución para también para las personas que los ostentan», dijo. Serán un máximo de dos y será una medida que no solo afectará al rector, también a su equipo de gobierno, decanos, directores de departamentos y otros puestos de gestión académica.

Los nuevos estatutos no van a desaprovechar la coyuntura para fusionar o concentrar centros universitarios o departamentos. Para reconocer, igualmente, la figura estatutaria del investigador, que en la actualidad se encuentra en una especie de limbo jurídico, «y que tienen que estar reconocidos y protegidos, con sus derechos y sus obligaciones», según el rector. O para regular la permanencia de los estudiantes en la institución. O para reforzar el papel social de la UMA, impulsar una gestión transparente o establecer controles de los órganos de gobierno.