18 de marzo de 2018
18.03.2018

Un sistema de pensiones en jaque

Con los jubilados en pie de guerra, La Opinión explica la evolución y reformas que ha sufrido un sistema que parecía eterno en 1995 con el Pacto de Toledo y resulta inviable dos décadas después

18.03.2018 | 05:00

El sistema público de pensiones comenzó en 2011 a gastar más de lo que ingresaba. En seis años, la hucha de las pensiones se ha quedado casi vacía

El de las pensiones españolas es un sistema de reparto. Uno no trabaja para tener una pensión cuando cumpla los 65 años (67, tras la reforma de 2011). Uno trabaja para pagar las pensiones de quien en ese momento está jubilado. Ahora hay 30 jubilados por cada 100 habitantes. Es decir, hay 9 millones de jubilados. En 2050 (dentro de 33 años) habrá 77 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, en 2050 habrá 15 millones de jubilados en España. Un país que será, según este informe, el segundo más envejecido del mundo. En la clasificación solo le ganará Japón.

El sistema de pensiones, planteado de forma generosa cuando el número de trabajadores ganaba por goleada al de los mayores de 65 años, hace agua. Llevan años advirtiéndolo. Ahora ya no queda dinero en la «hucha» ni para pagar un mes. En 2011, esa misma hucha llegó a tener 66.000 millones de euros, que parecían una barbaridad. Una cuantía que no se acabaría nunca. Y, sin embargo, ha desaparecido en seis años. En plena crisis económica, el dinero se destinó a otros menesteres y ahora solo quedan 8.000 millones de euros que no dan ni para cubrir un mes de pensiones.

El sistema actual es de déficit. Las cifras no cuadran. Para este año se prevén unos ingresos a a través de las cotizaciones de 110.000 millones de euros, pero el gasto en pensiones es de 125.000. Faltan 15.000 millones. ¿Y entonces?

La solución del Gobierno es pedir un crédito para «tapar» el agujero ya que nueve millones de jubilados son nueve milllones de votos y eso son palabras mayores. Pensión habrá, haya o no dinero en la hucha. El problema surge a futuro, en un sistema que parecía eterno tras el Pacto de Toledo de 1995 y que ahora está paralizado por los propios partidos políticos que no se ponen de acuerdo ni en el sistema de financiación ni en la revalorización de las pensiones.

Enrique Devesa, profesor de Economía financiera e integrante del comité de expertos nombrado por el Consejo de ministros para analizar la sostenibilidad de las pensiones, califica la situación de «mala» ya que «el déficit del sistema ha aumentado rápidamente desde 2008 y aunque parece que en 2017 ha alcanzado el pico, el principal problema es que vamos a necesitar unos 15 años (hasta 2033) para alcanzar el déficit cero, debido, en parte, a la llegada a la jubilación de los que nacieron durante el «baby-boom».

La jubilación de la generación del «baby-boom» sacudirá un sistema que tiene encendidas todas las alertas. Todo ello sin contar con que aún no ha nacido quien pague las pensiones de quienes ahora consiguen su primer trabajo, a tiempo parcial, de forma precaria y con unos sueldos que no permiten ni la emancipación.

Dos reformas en dos años

Con este panorama, crónica de una muerte anunciada, el sistema público de pensiones ha sufrido dos reformas en los últimos años: una en 2011 con Zapatero al frente del Gobierno y otra en 2013 con Rajoy instalado en La Moncloa.
Los jubilados piden la derogación de las dos en las protestas multitudinarias que han tomado las calles como ayer en Málaga. Las reformas introdujeron términos y novedades como la forma de revalorizar las pensiones o el denominado factor de sostenibilidad ya que parece que la solución inevitable para que el sistema sea sostenible es bajar las pensiones.

Vayamos por partes. La primera reforma (la de 2011) elevó las pensiones mínimas en un 1 % aunque congeló el resto incumpliendo el compromiso de subir las mismas el IPC. Además, supuso una reforma en la edad de jubilación que pasó de los 65 a los 67 años. Algo secundado por los expertos por el aumento de la esperanza de vida.

Dos años después llegó la reforma del PP, que introdujo dos novedades: un cambio en la revalorización y el factor de sostenibilidad. El cambio en la revalorización del sistema de pensiones supone que en lugar de aumentar las mismas el IPC la subida es del 0,25%, mientras dure un déficit que, según los expertos, va para largo. Así, desde 2013 las pensiones han subido este insignificante porcentaje a pesar de la indignación de unos jubilados que ahora cobran, por unas pensiones que rondan los 800 euros, apenas 1,50 más en el mejor de los casos.

La segunda gran novedad de la reforma de 2013 fue la introducción de un término que ahora está en boca de todos: el factor de la sostenibilidad, que no es otra cosa que tener en cuenta que los jubilados de ahora viven más tiempo que los de antes. Así que la misma cuantía se repartirá durante más años entre más años. Así, el único resultado posible es una pensión mensual más reducida. Es decir, se cobrará menos al mes durante más tiempo. Esta medida se aplicará a partir del año que viene.

Para el experto financiero Devesa, el índice de revalorización de las pensiones muestra, precisamente, el «importante problema» que tiene el sistema. «El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) es un indicador que nos mide la salud financiera del sistema, teniendo en cuenta no solo un dato anual (como ocurre con el déficit de la Seguridad Social), sino utilizando una media de 11 años. Pues bien, el dato del IRP teórico, es decir si no se aplicara el tope mínimo, tendría un valor negativo, concretamente, lo hemos estimado para 2018 en el -2,85 %. Este valor nos indica que, para poder eliminar más rápidamente el actual déficit del sistema, habría que reducir las pensiones durante 2018 en un 2,85 %. Sin embargo, la aplicación del tope mínimo de revalorización del 0,25 % (aprobada en la Ley 23/2013), en lugar del valor teórico difiere el problema a las generaciones futuras», explica el profesor.

¿Y los ingresos?

Ante las propuestas adoptadas para contener el gasto de las pensiones, los jubilados quieren centrar el debate en la otra cara de la moneda, en cómo aumentar los ingresos. Las opciones de los expertos pasan por aumentar el empleo –más trabajo y de maxyor calidad– aunque también se apuesta por la creación de un impuesto especial; por habilitar una partida en los presupuestos generales del Estado; por crear otro impuesto especial para bancos (de forma que ayuden a la financiación del sistema); o por sacar del sistema de pensiones algunas prestaciones (como las de viudedad u orfandad) para que estas se financien con los presupuestos generales del Estado. Además, los expertos califican de «razonable» la idea de «compensar» una pensión que será cada vez menor con un ahorro privado que parece impensable para quien hoy llega a fin de mes en números rojos.

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