Carlos Fernández, exedil del PA en Marbella huido de la justicia en junio de 2006 tras ser llamado a declarar como imputado en el caso Malaya, podría haber hecho mal los cálculos de prescripción de los delitos en la decena de causas que tiene pendientes. Su hermano y abogado, Antonio Fernández, insiste en que todos han prescrito y en que su familiar es inocente, pero un escrito de la Fiscalía Anticorrupción a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano que enjuició el caso Saqueo 2, pone en duda esta versión. De hecho, el documento, fechado el 20 de septiembre, concluye lo siguiente: «Considerando los delitos que se le imputan en el escrito de acusación presentado y no habiendo transcurrido los plazos de prescripción establecidos en el artículo 131 del Código Penal, como la vigencia de la requisitoria internacional» interesa que se pida a Argentina, país en el que fue detenido hace dos viernes el exconcejal y en el que ha estado durante casi once años, su extradición con el fin de «ponerlo a disposición de los tribunales españoles y proceder a su enjuiciamiento».

Explica la Fiscalía Anticorrupción que el 25 de febrero de 2009 se acordó la apertura de juicio oral en el procedimiento 100/03 del Juzgado Central de Instrucción número 2, una resolución que afectaba a Fernández, imputado en la causa desde 2003 por los delitos de malversación y falsedad en documento público. Además, se le solicitaba una responsabilidad civil de más de 7,84 millones de euros.

Luego, se le buscó en su casa pero no fue localizado, por lo que el fiscal pidió, y así se acordó, su busca y captura. Acto seguido, se expidieron «las correspondientes requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 14 de septiembre de 2009 fue declarado en rebeldía». La Audiencia Nacional decretó su busca y captura el 8 de enero de 2013 y el 24 de enero de 2014 lo declaró rebelde. Por ello, Anticorrupción solicita que se «expida la correspondiente solicitud de extradición a las autoridades argentinas con objeto de poner a disposición de los tribunales españoles al acusado y proceder a su enjuiciamiento por los hechos de los que viene siendo» incriminado.

El caso Saqueo 2 se centró en determinar la forma en que Jesús Gil y su aparato despatrimonializaron el Consistorio por medio de la cesión de fondos municipales a 31 sociedades públicas creadas desde 1991, cuando llegaron al poder los gilistas. Hubo 36 imputados y el procedimiento ya fue enjuiciado. Entre los condenados se encuentra Juan Antonio Roca Nicolás, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí.

Carlos Fernández se fugó en junio de 2006, cuando la policía lo llamó a comparecer ante el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya contra la corrupción política y urbanística en Marbella. Por entonces, el también exedil del GIL -condenado por apropiación indebida a dos años de cárcel y al pago de 80.000 euros, dinero que ya ha abonado su familia- hacía el Camino de Santiago junto a su hermano. Antonio Fernández señala que su familiar huyó por un «efecto reflejo» al conocer que la mayor parte de los investigados estaba siendo enviada a la cárcel tras prestar declaración.

Fernández pasó a Portugal, desde allí un avión lo llevó a Sudamérica. El aparato hizo escala en Brasil y luego entró en Argentina por el aeropuerto de Ezeiza. Vivió los primeros meses con un dinero que había reunido su hermano y se dedicó después profesionalmente al coaching, sobre todo en cuestiones de liderazgo empresarial y asesoramiento espiritual. Tuvo como clientes a deportistas y políticos locales, se casó y tuvo dos hijos -vivía en la provincia de San Juan-.

Su mujer, según ha relatado su hermano, sí sabía quién era él, pero no su círculo íntimo. Él sólo tomó una precaución: cambiar la F de su apellido por una H, pero siguió manteniendo su documentación. En estos años, se especuló con que Fernández era el protegido de un poderoso hombre de negocios anglojudío, que visitó Marbella en varias ocasiones llegando en barco a Puerto Banús y que asistió a las legendarias fiestas de disfraces de este hombre, acusado también de pagar la moción de censura de agosto de 2003, aspectos que su hermano ha rechazado. Es más, en su opinión todas las causas que tiene pendientes Fernández, una decena, habrían prescrito y su inocencia se mantiene indemne. «Él cree que en Malaya no están todos los que son ni son todos los que están», dijo su hermano, quien añadió que muchos inocentes fueron condenados en esta trama. También negó su también abogado que recibiera dinero de Juan Antonio Roca. Asimismo, este negó que su familiar fuera el testigo de cargo de las autoridades en Malaya.

El pasado abril, viendo que los juzgados no declaraban la prescripción de los delitos, se optó por dar información al círculo privado de Fernández, de forma que la policía argentina comenzó a vigilar sus desplazamientos para detenerlo hace sólo un par de viernes. Ahora, espera en una cárcel argentina su extradición tras una odisea de casi once años.