Los desacuerdos entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía en materia urbanística no agilizan la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya ha cumplido un año desde su aprobación inicial. Más bien, sus encontronazos parecen complicarla.

La última medida que ha tomado el gobierno municipal de Ángeles Muñoz en este sentido es responder al informe emitido por la delegación provincial de Medio Ambiente, cuyas directrices son de obligatorio cumplimiento.

Modificaciones. Uno de los cambios recomendados con el que no está de acuerdo la corporación del PP es la revisión de las previsiones de crecimiento de la población. El informe, al que ha tenido acceso este diario, pide que se ajuste a los criterios establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que pone como límite posible un 30 por ciento de incremento de la población sobre el censo de 2006 (125.519 habitantes) de cara a los próximos 8 años y un correspondiente aumento del parque residencial a razón de 2,7 personas por cada vivienda. Esto supondría, prever la construcción de un máximo de 13.946 casas más.

El avance del Plan General parte de una variable distinta para calcular el futuro número de inmuebles. El parque residencial se incrementaría en 18.407 viviendas, con un crecimiento de población de 36.814 personas; lo que supone una ratio de 2 residentes por casa. A este número hay que sumarle otras 9.236 viviendas previstas por el POTA, con un mínimo de un 30 por ciento de ellas de carácter protegido. En total, más de 27.643 inmuebles frente a los 23.182 que se aconsejan.

"No es que queramos incrementar el número de casas sino que éstas ya están hechas y hace falta regularizarlas", argumenta la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien sostiene que el Ayuntamiento debe mantener los mismos parámetros, en su opinión, "beneficiosos para los ciudadanos". Pero según fuentes especializadas consultadas por La Opinión de Málaga, Muñoz ha mezclado conceptos radicalmente distintos. De un lado, la normalización de las más de 18.000 inmuebles irregulares que acumula la ciudad y, de otro, las previsiones de crecimiento urbanístico que , como afirma la propia regidora, ya están construidas y, por tanto, no forman parte de nuevos desarrollos.

En cualquier caso, un nuevo debate que se suma a la tramitación del PGOU, que ya tiene fecha de aprobación provisional. No será en julio, pero sí el próximo 15 de septiembre, según la alcaldesa.