El Gobierno dio ayer definitivamente marcha atrás en su intención de restringir el acceso a la ampliación especial del dispositivo de lucha contra los robos en el campo, que, en un principio, se centraba en 15 provincias entre las que no figuraba Málaga y que al final, como ya adelantó este periódico, se extenderá a las comarcas de Antequera y el Guadalhorce, aunque no a la Axarquía, que seguirá disponiendo de los medios previos a esta nueva campaña.

La administración, que había dispuesto los nuevos recursos en función de la estadística de criminalidad, encabezada por otras zonas del país, ha decidido atender las protestas de los colectivos agrarios, que contarán ya desde este mes de octubre con el refuerzo adicional de 10 agentes del servicio específico contra los hurtos -cinco de ellos en cada punto-.

Una ofensiva que se agrega al equipo existente y que supone también la ampliación de competencias de un total de 10 patrullas del Seprona, a las que se encomendarán igualmente tareas de persecución de este tipo de delitos.

El nuevo plan de choque llega después de que las asociaciones se quejaran de la marginación de Málaga en la asignación de los recursos especiales, que se circunscribían en el primer borrador a 15 provincias. Una decisión que el Gobierno amparaba en el mayor índice de infracciones que presentan estas zonas, que concentran el 74 por ciento de los robos que se registran en los campos del país. El vicepresidente malagueño de Asaja, Cristóbal García, pone en cuestión, sin embargo, la validez de los baremos que utiliza la administración, que contabiliza, dice, robos en bruto y no en función de la superficie. «Es cierto que en Sevilla hay más casos, pero también que su terreno agrícola es el doble. La densidad de delitos es más alta en nuestros campos», indica.

Según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que ayer se reunió en Málaga con las organizaciones agrícolas, el refuerzo del dispositivo se mantendrá indefinidamente, con un equipo que ya de partida, y con antelación a esta ampliación, suma otros 18 agentes que alternan la vigilancia del campo con la de las viviendas. La Axarquía, sin embargo, se queda sin personal extra, aunque bajo el arbitrio de la Policía Nacional y de dos helicópteros, uno de ellos de uso nocturno y con gran predicamento entre los agricultores.

La falta de nuevos recursos para la comarca es, sin duda, lo que más ha molestado a las asociaciones, que reclaman un mayor esfuezo de protección para una zona especialmente sensible, tanto por su modelo de explotación, basado en el minifundio, como por la riqueza de su superficie -se trata de uno de los mayores productores de cultivos subtropicales de Europa-.

El representante de Asaja, que celebra, la buena intención del Gobierno, se muestra, no obstante, escéptico respecto a una posible disminución del número de delitos. La ampliación del plan de choque contra los robos en los campos -conocido como Roca-, ha supuesto la movilización de un centenar de agentes en Andalucía. El resto de provincias beneficiadas, que están incluidas en el catálogo de las 15 más problemáticas, recibirán el doble de personal extra de la Guardia Civil. En concreto, veinte por zona, aunque, de acuerdo con Crespo, no se descarta la movilidad interna en función de la evolución de los delitos.

La delegada, que estuvo acompañada por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, además del comisario provincial Pedro Garijo y del coronel jefe de la Guardia Civil, José Sánchez Jiménez, señaló que la labor de los equipos se centrará en la prevención y en el acoso a los puntos en los que trapichea con material agrícola de segunda mano. También puso de relieve el valor de las predenuncias, que permite a los afectados alertar desde sus fincas.