La defensa de Martín Serón estudiará si recurre al Constitucional

El alcalde de Alhaurín el Grande no ha dimitido de su cargo, pero la ratificación del Supremo le obligaría a hacerlo

08.10.2013 | 19:31

La defensa del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, estudia si presenta un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante el Constitucional contra la decisión del Supremo que confirma la condena a un año de suspensión por un delito de cohecho.

Fuentes de la defensa del regidor han afirmado a Efe que analizarán con el alcalde la posibilidad de alegar indefensión en un recurso, decisión que depende fundamentalmente de la voluntad de continuar con el proceso de Martín Serón, quien aún no se ha pronunciado al respecto.

En caso de que el alcalde de Alhaurín decida acatar la resolución judicial y no recurrir, se le suspendería en el cargo público durante un año, pero podría concurrir a unas elecciones transcurrido el plazo de la condena porque "no está inhabilitado", han explicado.

En cuanto a la multa de 200.000 euros impuesta, las fuentes han indicado que Martín Serón también tendría que abonarla de no presentar un recurso, porque su incumplimiento conllevaría una pena de prisión.

Preguntadas estas fuentes de la defensa si el alcalde podría afrontar el pago de la mencionada multa, han señalado que en estos casos suele ser posible acordar el pago fraccionado.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Martín Serón por un delito de cohecho cometido en relación con varias irregularidades urbanísticas producidas en la citada localidad e investigadas dentro del 'Caso Troya'.

El alcalde, que recurrió aquella condena ante el alto tribunal, no ha dimitido de su cargo (cuando conoció su condena en enero de 2012 dijo que apelaría y que entre tanto no abandonaría el puesto porque sería de "cobardes"), de modo que la suspensión de un año a la que le ha condenado el Supremo le obligaría a hacerlo.

La sentencia ahora confirmada condena a Serón a un año de suspensión de empleo o cargo público y a 200.000 euros de multa, porque considera probado que él y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (condenado a las mismas penas), exigieron un pago de 122.000 euros a un constructor como contrapartida para darle una licencia de obras.

Ambos habían sido acusados de trece delitos de cohecho por el Ministerio Fiscal, pero de esas imputaciones les absolvió la Audiencia de Málaga.

Con estas dos únicas condenas se salda un juicio que se inició contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

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