La Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Delitos sobre el Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Málaga pide un año y nueve meses de prisión, una década de inhabilitación y el pago de las costas procesales para el exalcalde de Casarabonela, Sebastián Gómez Ponce, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
Dice el fiscal en sus conclusiones provisionales que el procesado, en su condición de alcalde, «concedió una licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada» en una parcela del municipio «siendo conocedor de que se trataba de suelo no urbanizable de carácter agrícola», según las Normas Subsidiarias de planeamiento aprobadas por la Junta de Andalucía el 19 de mayo del 82. Agrega el acusador que el proyecto de actuación fue informado desfavorablemente el 20 de diciembre de 2005 por la Delegación de Obras Públicas de la Junta.
El interesado aportó nueva documentación, añade la Fiscalía, pero se reiteró «el informe desfavorable», pese a lo cual se aprobó el proyecto de actuación el 17 de noviembre de 2006.
Luego, el 16 de enero de 2008, el vecino de la localidad volvió a pedir la licencia de obras para hacer una vivienda unifamiliar. El Ayuntamiento, subraya el ministerio público, incoó un expediente, en cuyo marco se emitió un informe técnico desfavorable el 24 de enero de ese ejercicio. «A pesar de ello, y sin que conste el preceptivo informe jurídico, el acusado concedió el permiso de obras por decreto», aunque quedaba pendiente la presentación del proyecto de ejecución.
Una vez cumplido este trámite, volvió a emitirse un informe técnico desfavorable, «si bien el acusado concede licencia de obras por decreto el 9 de mayo de 2008, esta vez sin condición alguna».
Las obras consistieron en la edificación de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura, una de ellas abuhardillada de unos 138 metros cuadrados, aproximadamente, «las cuales no son legalizables» porque la casa no está vinculada, asegura el ministerio fiscal, «a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, lo que contraviene» lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), añade el fiscal.
Los hechos serían constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y por él se le piden un año y nueve meses de cárcel.
