Los malagueños tendrán que pagar para acceder al Caminito del Rey el mismo importe que cualquier otro ciudadano de la Unión Europea. Así se recoge en un informe elaborado por el jefe de sección de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga, José María del Río Belmonte a instancias de la diputada Marina Bravo, para hacer frente a la campaña que inició un vecino de Mijas en la plafaforma change.org para reducir el precio de la entrada al Caminito del Rey para los malagueños bajo el argumento de que los ciudadanos de la provincia ya han contribuido con sus impuestos a la puesta en valor de este paraje natural.
La iniciativa tuvo eco entre los diputados de Izquierda Unida, que plantearon una rebaja del 50% para los malagueños en el precio de la entrada a un recinto público cuya gestión, denuncia IU, quiere privatizar ahora el Partido Popular, en connivencia con los ayuntamientos de Álora y Ardales.
Ante la presión social, la Diputación de Málaga ha encargado un informe para estudiar las posibilidades. Dicho informe establece que España está supeditada a la directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 sobre los servicios en el mercado interior.
En trasposición a dicha directiva se aprobó la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicios su ejercicio, vigente en la actualidad.
Dicha normativa, prohíbe expresamente a los estados miembros establecer ningún tipo de limitación en la prestación de sevicios por razón de nacionalidad y/o residencia habitual del destinatario del servicio.
La normativa sí recoge en cambio establecer limitaciones por razones objetivas como la edad, factores socioeconómicos o formativos, entre otros.
Por ello, concluye el informe queda prohibida cualquier disposición adoptada por la Diputación de Málaga y/o los ayuntamientos de Álora y Ardales que supongan una reducción del precio de la entrada al Caminito del Rey a os nacionales españoles residentes en Málaga y su provincia.
