En no pocas ocasiones, los grandes debates sobre magnitudes macroeconómicas, el drama del paro, la situación financiera, cierre de empresas, embargos hipotecarios y una larga lista de temas que ocupan y preocupan a una gran parte de la población son, ciertamente, importantes y algunos de ellos hemos tratado en esta sección. No obstante, hay otros muchos temas menos noticiables y conocidos, pero no por ello dejan de ser importantes para las personas que los padecen, ya que afectan y dificultan su vida diaria y cotidiana. Nos referimos a los miles de ciudadanos que, por edad o discapacidad, se ven prisioneros en sus propias viviendas al no disponer éstas de ascensor, lo que ha motivado un Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz.

Desde hace años el conjunto de las Defensorías venimos mostrando nuestra preocupación por las dificultades, cuando no imposibilidades que, para desenvolverse en su vida cotidiana, encuentra un amplio sector de la ciudadanía, como consecuencia de una de las barreras que más limitan a las personas que presentan alguna dificultad relacionada con la movilidad: la ausencia de ascensor en edificios de viviendas plurifamiliares de dos o más plantas.

Una situación que afecta a miles de viviendas en nuestra provincia y en el caso de la capital hay barriadas completas como Santa Julia, Dos Hermanas, Huelin, zonas de Ciudad Jardín, Flores García y un largo número de edificios construidos hace más de veinte años y cuyos inquilinos se encuentran prisioneros en sus propias casas como consecuencia del creciente envejecimiento de la población y la presencia, cada vez mayor, de personas con discapacidad.

Son numerosos las quejas que llegan a nuestras instituciones poniendo sobre la mesa la magnitud del problema: personas en sillas de rueda que viven en una tercera planta sin ascensor, vecinos que tan solo pueden bajar un día a la semana gracias a la ayuda de los amigos, y así numerosos testimonios de problemas reales y cotidianos que no son motivos de debate en los medios de comunicación o las tertulias radiofónicas pero ponen de manifiesto la dimensión social del problema y unas consecuencias que, lejos de disminuir, se incrementan en la medida que avanza la edad de las personas que viven en esta situación.

El Decreto 293/2009, de 7 de julio, contempla una obligación genérica de adaptación en un plazo de 10 años, es decir, para el 2019 todos los edificios públicos y privados deben tener condiciones de accesibilidad pero, como todas las normas legislativas, están cargadas de buenas intenciones pero vacías de las ayudas públicas adecuadas que permitan su cumplimiento si tenemos en cuenta que la mayoría de los que habitan estas viviendas son personas con recursos económicos limitados.

Por la dimensión del problema, creemos que ya no es una cuestión de sensibilidad, aunque sin ésta no es posible poner en marcha una política pública comprometida, sino de dar soluciones realistas, en plazos y financiación, para evitar que cada vez más ciudadanos se encuentren prisioneros en sus propias viviendas.