En los seis años de andadura y funcionamiento de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a de la Diputación Provincial, hemos constatado la preocupación y, al mismo tiempo, desconocimiento de buena parte de la ciudadanía en su relación con las administraciones públicas.

¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo puedo ejercitarlos? ¿Tienen obligación de responder a los escritos presentados? ¿Cómo acceder al estado de mi expediente? ¿Existe responsabilidad patrimonial de la administración? Estos son algunos de los interrogantes que la ciudadanía se plantea a la hora de relacionarse con un organismo público. El Estado Constitucional ha consolidado una carta de derechos y obligaciones que, como ciudadanos, debemos cumplir y hacer que se cumplan, pero no es posible ejercitarlos si desconocemos su existencia y su alcance.

La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento, recoge el artículo sexto del Código Civil, el desconocimiento de los mismos, nos limita en nuestro pleno ejercicio de ciudadanía, de ahí que la labor de nuestra oficina no es solo, de mediación y/o resolución de las quejas o sugerencias planteadas, tiene también una función pedagógica de difusión de los temas que ocupan y preocupan a las miles de personas que en estos seis años se han dirigido a nuestra institución.

Para dar respuesta a estas inquietudes venimos publicando, memorias, trípticos, libros y manuales, que sirvan de conocimiento y guía de actuación para el pleno ejercicio de estos derechos, como el que será editado próximamente, y cuyo título, Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, trata, de forma sencilla y clara, el desarrollo y aplicación de estos conceptos.

Algo fundamental en el trabajo de cualquier defensoría pero que cobra especial relevancia en nuestro ámbito de actuación, provincial o local dado que, es en este espacio, donde el ejercicio de estos derechos es más palpable por parte de los ciudadanos, como escribiera Henri Lefévbre, en su libro El derecho a la ciudad. Para los gestores municipales o provinciales, la calidad de vida en los municipios no es retórica política, sino el día a día en su quehacer cotidiano, la institución de la ciudadanía es una de las consecuencias históricas de la vida urbana, es el espinazo del orden social democrático.

La cercanía del ciudadano con su ayuntamiento o diputación, no es solo geográfica, que también, sino por los servicios y derechos que de estos dependen: suministro de agua corriente, recogida de residuos sólidos urbanos, ordenación del tráfico, limpieza de calles y municipios, contaminación acústica, transporte público, aparcamientos, ordenación urbanística y una larga lista de servicios-derechos. El cumplimiento de estas obligaciones por ayuntamientos y diputación y el conocimiento por parte de sus habitantes representan la base para un mejor bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. En esa tarea seguimos comprometidos desde nuestra oficina.