Llamó la atención el siempre moderado alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre el hecho de que la remisión al juez decano del expediente sobre la edil Teresa Porras que gestionó la Fiscalía hubiera coincidido con el inicio de la precampaña electoral de los comicios andaluces, que se celebrarán el 25 de marzo. Este periódico denunció públicamente las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores en el área que dirige la edil. Después de la tormenta, la Fiscalía abrió unas diligencias de investigación que han desembocado en un informe en el que se alerta de la posible comisión de diversos delitos. Eso, ahora, deberá determinarlo un juez instructor con una investigación minuciosa con el respeto, por parte de todos, a la presunción de inocencia de la concejala, que tendrá que defenderse si es que es finalmente imputada, lo que está por ver.

Lo que no queda tan bonito es que el alcalde pierda el tiempo en señalar la coincidencia del envío del expediente con el inicio de la precampaña. Fue Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia, quien, sin querer polemizar con el regidor, recordó que los «tiempos de la justicia no son iguales que los de la política» y que no había intencionalidad alguna en esa remisión efectuada por la Fiscalía al juez decano para que se repartiera el expediente, un trámite habitual en este tipo de procesos.

Los responsables políticos deberían reflexionar sobre el tipo de manifestaciones que realizan, porque poner en jaque a la justicia siempre va, como bien dijo el decano José María Páez, en detrimento de todos. Vale la crítica jurídica, no la política. Desprestigiar a los jueces es el camino más corto para acabar mancillando lo poco que nos queda limpio en esta democracia nuestra, aunque a veces los propios magistrados deban hacer más pedagogía de su labor y no encerrarse tanto en sus despachos evitando cualquier contacto con los periodistas. Hay que explicarse más, señorías.

Ahora, se está imponiendo un aire rigorista que lleva a algunos letrados, que usaron la prensa en su día en su beneficio, a pedir que se limite su acceso a determinadas informaciones. Lo cierto es que el caso Porras no hubiera salido a la luz si este periódico no lo cuenta; ni el caso Parcemasa. El oscurantismo pertenece a otra época, y afortunadamente los focos siguen alumbrando el camino, mal que les pese a determinados penalistas.