Editorial

Sólo con ajustes y sin reformas no habrá crecimiento

 05:30  

El tijeretazo afecta a las inversiones más productivas, mientras aguarda la reforma del sistema financiero, que se encuentra en el corazón del problema, y la revisión de un modelo autonómico y municipal que el país ya no puede pagar

Recortar es imprescindible para cumplir las exigencias de la Unión Europea, pero sólo el ajuste no basta para reactivar la maltrecha economía española. El Gobierno ha optado por reducir las partidas inversoras ante la dificultad de acometer otro tipo de ahorro en el tiempo récord fijado por las autoridades comunitarias y, seguramente, ante el desgaste político que supondría meter en cintura a la derrochadora España autonómica. Pero la inversión no admite un ajuste sine die. Es preciso abordar sin más demora las reformas que pueden devolver al país el músculo necesario para remontar la difícil situación en que se encuentra, acosado por la deuda y con un sistema financiero que se resiste a sanear sus cuentas.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 remitidos a las Cortes dejan al descubierto la agonía económica que sufre España ante la amenaza constante de intervención, por decirlo de modo más claro, de correr la misma suerte que Grecia, Portugal e Irlanda. No había más remedio que recortar. En un intento desesperado por cumplir los objetivos del déficit que cifró la Unión Europea en un 5,3 por ciento del PIB, el Gobierno ha metido tijera en practicamente todas las partidas, fundamentalmente las inversoras, pero el problema es que gastamos demasiado, mucho más de lo que ingresamos, y de forma continuada. Sólo con ajuste no habrá recuperación. Es preciso impulsar nuevas reformas, algunas de ellas pendientes y otras que avanzan con una lentitud desesperante, para reactivar la economía. Guardar el equilibrio necesario entre la exigida estabilidad presupuestaria y el crecimiento, ésa es la clave.

Los mercados internacionales, lejos de aplaudir el sacrificio que suponen para los españoles las cuentas más austeras de la democracia, se han apresurado a emitir nuevas señales desfavorables dando a entender que el remedio puede llegar a ser en algunos casos peor que la enfermedad, dados los males estructurales de nuestra economía, y que un presupuesto tan depresivo no ayudará a solucionar los problemas si los recortes no se hacen en la dirección adecuada. Hay más de un motivo para creer que al paciente llamado España se le está sometiendo a una dieta extremada que, por razones de debilidad, le impedirá emprender el crecimiento y hacer frente a la deuda de una forma menos dolorosa.

El nuevo tijeretazo afecta precisamente a algunas de las inversiones más productivas que pueden contribuir a la ansiada reactivación. Mientras tanto, aguarda la reforma del sistema financiero, que se encuentra en el corazón del problema. Y también queda pendiente, si es que hay intención de llevarla a cabo, la revisión constitucional de un modelo autonómico y municipal que el país en este momento ya no puede pagar. De hecho, es este último aspecto de la deuda el que más desconfianza genera en el exterior: las cuentas autonómicas, que hasta ahora los gobiernos no han sabido controlar, se encuentran en el punto de mira de los inversores internacionales.

Las autonomías y los municipios, además de prestar servicios básicos y fundamentales cada vez más en peligro, han sido durante todos estos años la plasmación del despilfarro, alimentando chiringuitos con el dinero del contribuyente, el clientelismo de los partidos, la megalomanía faraónica de los políticos con obras costosas alejadas de cualquier previsión razonable y los entramados de empresas públicas de dudosa eficacia y nula rentabilidad. Los casos podrían seleccionarse por docenas: infraestructuras sobredimensionadas donde se disparan los gastos, hospitales acabados que no disponen de dotación presupuestaria para su mobiliario y equipamientos duplicados aquí y allá.

Andalucía y Málaga no escapan de estos monumentales derroches, aunque los ejemplos en esta comunidad son menores que los producidos en la comunidad valenciana o en las Islas Baleares.

Finalmente, no hay que olvidarse de la reforma más urgente de todas. Para reactivar la economía, además de una estrategia ordenada y bien definida de crecimiento, hace falta que el crédito bancario fluya con normalidad. Pero antes, tampoco estaría de más exigir responsabilidades civil o penales a las autoridades bancarias que han permitido llegar a este caos financiero, cuando hasta hace poco se ufanaban de su capacidad previsora con aquellas medidas contra cíclicas que eran la admiración de occidente.

Tanto el Gobierno como las entidades financieras están obligados a encontrar soluciones para dar salida a unos activos tóxicos heredados de la burbuja inmobiliaria; pero para ello los bancos tienen que empezar por asumir de una vez sus pérdidas reales y dejar de dedicarse al maquillaje contable. En Europa se manejan distintos mecanismos. En Alemania se ha utilizado el llamado «banco malo», que corre con los activos problemáticos permitiendo al resto de entidades gestionar el negocio del dinero de forma independiente. En este caso, los propios bancos podrían financiar este mecanismo con sus recursos para no tener que depender una vez más de la ayuda pública.

El paciente llamado España ha entrado en el quirófano a toda prisa para ser operado de urgencia, esto es algo que no hay que negarle a este Gobierno, pero tampoco se puede decir que el tratamiento que está recibiendo sea el adecuado, según coinciden en alertar los expertos, las autoridades monetarias europeas y los exigentes mercados. No hay mucho más tiempo que perder en este momento histórico y dramático pero lo más angustioso está en saber cuánto.

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