Esta sería, a buen seguro, la respuesta de muchos lectores si ante una situación compleja y grave en cualquier ámbito de su vida, se enfrentan a la disyuntiva de conocerla, por más desagradable que resulte o, por el contrario, ignorarla colocándose una venda de mentiras en los ojos, para evitar un mal rato. Y es que ese disgusto, tarde o temprano, llega cuando irremediablemente la verdad da la cara, si no por ella misma, por sus consecuencias.

Así lo entendió Rajoy, desde el principio. El Partido Popular recogió el 20 de noviembre del pasado año el mandato de una ciudadanía harta de farsas, engaños, discursos grandilocuentes y cargados de eufemismos. Una ciudadanía que pedía a gritos verdad y soluciones a sus problemas, agudizados, primero, por obviarlos durante tanto tiempo y, después, por la falta de diligencia y de acierto en las decisiones.

Pero ni este clamor popular ni la conciencia sobre los errores cometidos hizo que el gobierno saliente del PSOE, que atisbaba ya el final de sus días, abandonara su política del engaño y dejó en herencia una última perla, un último embuste: el del déficit. O sea, 25.000 millones de euros más para sorpresa de Europa y soponcio del nuevo Gobierno, que sustituiría rápidamente esfuerzo por sacrificio como única estrategia posible para reducir el déficit hasta las cotas exigidas por la UE.

De ahí que el Plan de Reformas del programa con el que el PP concurrió a las elecciones haya tenido que adaptarse a las circunstancias y aumentar sus dimensiones.

Este Gobierno se ha visto obligado a articular medidas excepcionales, eso sí, muchas de ellas temporales, para afrontar una situación de auténtica emergencia. De los resultados a corto y medio plazo de esas medidas dependerá que recuperemos la confianza de los mercados y, por encima de ello, la credibilidad de los ciudadanos. Solo así saldremos de la crisis, se generará empleo y oportunidades, y la economía empezará a remontar.

Sin embargo, la mayoría de esas medidas se circunscriben a los ámbitos institucionales con mayor concentración competencial: las comunidades autónomas. Todas han tenido que pasar por el escáner del Consejo de Política Fiscal y Financiera para ajustar sus niveles de déficit y de deuda. La cuantía para cada una, evidentemente, depende de lo sobrepasado que estén estos niveles; la forma en que hay que ajustarlos corre a cargo de cada autonomía.

En Andalucía, el presidente de la Junta también mintió sobre la situación económico-financiera. Jugó al despiste, hizo trampas y todo con las miras puestas en unas elecciones que confirmaron el rechazo de los andaluces a la política del engaño del PSOE. Ahora al bipartido, resultante del pacto de los perdedores, no le ha quedado otra (aunque el socio comunista intente desmarcarse) que asumir sus miserias y enfrentarse a unos recortes de 3.500 millones de euros.

Ni su estrategia de la confrontación, ni la constante coletilla de «lo hago porque me obliga Rajoy», le resta un ápice de responsabilidad en la tarea de sanear unas cuentas que nunca estuvieron claras. El bipartito podría hacerlo de muchas maneras, pero ha optado por la más sangrante. Una vez más, los funcionarios pagan el pato, sufriendo un nuevo tajo salarial. Una vez más, soportarán sobre sus espaldas el peso de la nefasta gestión de los mismos socialistas que durante más de treinta años han convertido la administración autonómica en un enorme mastodonte y que ahora son incapaces de poner a dieta. Con ese plan de adelgazamiento se deberían eliminar cargos de confianza que ejercen de comisarios políticos, reducir la administración periférica, reformar el sector público, todo esto, antes que pasar la cuchilla otra vez al sueldo a los funcionarios.

Y a la espera estamos de los recortes en educación, sanidad, y de la ya anunciada subida de impuestos, a pesar de que la presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, asegurara antes del anuncio del recortazo, que «no pasarían las líneas rojas de los derechos ciudadanos en sanidad, educación y prestaciones sociales, además del empleo público». Imagino que, visto lo visto, habrá aprendido la lección, aunque solo sea para que no le saquen los colores al día siguiente. La verdad, señora Torres, la verdad aunque duela.

Patricia Navarro

Senadora del PP por Málaga