homas Cathcart y Daniel Klein escribieron en el año 2007 un interesante libro titulado Aristóteles y un armadillo llegan a la capital. El subtítulo aclara de forma precisa el contenido de la obra: «Las mentiras de los políticos analizadas con humor». Claro que, muchas de esas mentiras en lugar de risa lo que producen es mucha rabia, mucha indignación y mucho dolor. Los políticos dicen, sobre todo en época de elecciones, que se van a preocupar por los ciudadanos y luego hacen leyes que les oprimen, exprimen y destruyen.

Acabo de recibir una notificación del Ayuntamiento de Málaga en la que se me informa de que mi coche ha sido denunciado por circular a 56 kilómetros por hora en una vía (calle Pintor Joaquín Sorolla de la capital) que tiene limitada la velocidad a 50. Esa diferencia de 6 kilómetros tiene una penalización de 100 euros. ¿Quién lo ha decidido? ¿Alguien que mira por la seguridad de la ciudadanía? Creo que no. Pienso que ha sido alguien que mira por las arcas. Alguien que exprime al ciudadano como si fuera un limón. Un limón con muy poquito jugo, por cierto. Ya le han dejado casi seco las bajadas (o la pérdida) de salario, las subidas de impuestos y, en definitival, el encarecimiento de la vida.

Hay que pagar. Lo manda la ley. Una ley hecha no a favor del ciudadano sino a favor del recaudador. Porque yo me pregunto qué riesgo se genera por circular a esa velocidad en ese lugar. Me pregunto también qué criterios ha tenido en cuenta el legislador para imponer esa cuantía en la sanción. Porque considero que cien euros, en la situación económica que está la mayoría de las familias, es una cantidad considerable.

El afán recaudatorio de nuestras autoridades es tan indecente que casi produce sonrojo. Bueno, lo que principalmente produce es una rabia tremenda. ¿No saben que hay muchas personas en paro? ¿No saben que quien trabaja cobra un sueldo cada vez menor?

Creo que hay más peligro en circular muy pendiente del cuentakilómetros y de las señales que en hacerlo de forma relajada y responsable, atendiendo al sentido común. Sé que tiene que haber normas. Sé que hay que cumplirlas, que para eso están. Pero sé también que las normas pueden ser arbitrarias, injustas y abusivas. Es un deber del ciudadano analizar la finalidad de las leyes, su racionalidad y su justicia y exigir que sean justas y razonables cuando no lo son.

El fin de la ley es el desarrollo de la justicia. ¿Qué hacer cuando son las leyes las que la quebrantan? ¿Qué hacer cuando el legislador ha mirado más para sus intereses que para los del ciudadano? Estoy harto de ver en las carreteras señalizaciones y radares que no obedecen a la preocupación por la seguridad sino que están puestas como ratoneras en las que caen los conductores más avisados. He visto reducir la velocidad de 100 a 80 en un tramo de la circunvalación de Málaga que no encierra ningún peligro. Y he visto cómo caen en ese cepo los conductores de forma casi constante.

¿Qué decir cuando la grúa se lleva tu coche? Eso sí que es una crisis económica para una familia cuyos miembros adultos están en el paro. Pagar la multa, el taxi para ir a buscar el coche y la sanción correspondiente. ¿Hay derecho a ese proceder? Y qué cantidades. ¿Dónde está la sensibilidad del legislador, la comprensión para las familias? ¿Son sinceras sus palabras cuando hablan de que lamentan los problemas por los que atraviesan los ciudadanos?

Se trata de atracos a ley armada. Es una forma de proceder injusta que ampara la ley. Si entro armado en un banco y encañono al cajero exigiéndole la entrega de cien euros (aunque sea para dar de comer a los hijos) y, por el celo acreditado de quien se encarga de la seguridad, soy detenido, me llevan ante un juez y, probablemente, a la cárcel. Pero, si viene el legislador y me encañona con una ley, exigiéndome el pago de 100 euros para gastos de protocolo del Ayuntamiento, los tengo que pagar. Y si no quiero o me olvido de hacerlo, me embargan la cuenta. Otro atropello.

Y luego se quejan de la desafección política que tenemos los ciudadanos. Quien me roba a mano armada no es un delincuente común, es un señor (o señora) que ha decidido con una caradura tremenda: pues nada, a ese pardillo que supere en 6 kilómetros la velocidad indicada, metámosle una sanción de 100 euros. Hala, que pague, que para eso ha tenido el descuido.

Estoy seguro de que pocos lectores que conduzcan motos o coches se habrán escapado de atropellos similares. Un aparcamiento en un paso de peatones conlleva una sanción de 200 euros. Un exceso de velocidad de 25 kilómetros supone 300 euros, no identificar al conductor tiene una sanción de 300 euros€

Y uno se pregunta, ¿por qué suben las multas y bajan los sueldos? ¿Por qué tienen las mutas esa cuantía desorbitada en un momento de crisis tan brutal como este?

Se me podrá decir: cumpla usted la ley de forma estricta y no será sancionado. Pero yo no estoy discutiendo si hay que pagar o no. Lo que estoy discutiendo es por qué hay que hacerlo y en qué cuantía. Conozco países que tienen otros criterios menos crueles.

Porque ese señor que me encañona con la ley y me obliga a pagar ha sido puesto por nosotros ahí para velar por nuestros intereses. Y que luego, con el dinero recaudado, hace lo que le parece oportuno. Y, por cierto, lo que le parece oportuno no suele ser transparente ni muy defendible desde si se mira desde la perspectiva del bien común. Con ese dinero, por ejemplo, pagan asesores y asesoras que contratan a dedo para no sé qué trabajos de asesoría.

La educación para la ciudadanía me obliga a conocer la ley y a cumplirla. Pero me obliga también a pensar en el sentido que tienen las leyes, en su finalidad, en su racionalidad, en su justicia. Y, si son injustas, me obliga a denunciarlas. Eso hago.

Estoy indignado por la política de multas. Una política insensible con la situación de las familias, Porque yo me imagino a una familia en paro que tiene un vehículo y que tiene dos despistes (tan comprensibles) en un mes. ¿De dónde saca el dinero para pagar las multas?

No comparto la idea de que las sanciones tienen una intención didáctica. No se aprende a palos. No se aprende a través de las sanciones. Porque, sí, puede ser que esa multa elevada te haga ir con más cuidado. Pero la causa es el miedo, no la convicción de que haya que aprender a convivir, a evitar el peligro. Eso hace que, cuando no hay riesgo de sanción, te importe tres cominos quebrantar las normas de circulación. Porque la finalidad no es la convivencia y el respeto, sino el ahorro de la multa.

Tampoco digo que tengan que desaparecer las sanciones. Pero tienen que estar más justificadas y tener una menor cuantía. Es inadmisible que mientras más crisis exista las sanciones sean más duras porque hay que recaudar. ¿De dónde sale esa recaudación? Del bolsillo de quienes han sido previamente expoliados por la crisis. Maldito círculo vicioso.