Lo pienso. Le doy vueltas. Y, por mucho que lo analice, no hay más que seguir pensando que es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Escribir sobre el hecho de que la sanidad ya no sea universal ni gratuita para todas las personas me crea un conflicto enorme; no personal, sino con la sociedad: ¿Hasta ahí hemos llegado? ¿Hasta decidir quién puede y quien no puede enfermar? Y me alarma muchísimo pensar que, a pesar de la gran cantidad de voces -desde entidades sociales y plataformas ciudadanas a expertos y organismos internacionales- que se han levantado en contra de esta medida, tanto el Gobierno central como un buen número de gobiernos autonómicos siguen en sus trece. Para ti si hay sanidad; pero, para ti, no.
El pasado 1 de septiembre se cumplía el primer aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. O lo que es lo mismo, una nueva regulación que decía adiós (ojalá pronto sea un hasta luego) a la universalidad del sistema público de salud y decía hola (ojalá pronto sea un adiós) a un sistema que excluye a muchas personas del acceso a la sanidad. Un año que ha servido para demostrar no sólo el retroceso tan grave sufrido en términos de protección de la salud de las personas, sino también sus graves consecuencias y el descontrol que hay a la hora de la atención sanitaria en este país.
Lo recoge claramente el informe Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia realizado por la plataforma Yo sí Sanidad Universal, que nació como respuesta a este cambio del sistema sanitario. El informe deja claro aspectos como «la imposición de un mensaje falaz respecto a quienes aportan al sistema sanitario (en realidad esa aportación la hacen todas las personas que transitan por territorio español, a través de impuestos indirectos como el IVA), la falta de coordinación entre los diferentes estamentos que se encargan de la gestión administrativa, el incumplimiento de las de por sí excluyentes leyes e instrucciones, la creación de tres carteras sanitarias aún sin definir con claridad» y unos cuantos aspectos más acerca de la «gestión irresponsable, improvisada y desordenada de la cartera que preside Ana Mato».
Un nuevo modelo sanitario que ha dejado sin atención sanitaria a distintos colectivos como el de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, mujeres embarazadas e incluso menores. Lo demuestran los casos recogidos en el informe en todo el país, aunque desgraciadamente también lo sabemos bien en Málaga Acoge. Durante los primeros meses de la entrada en vigor del RDL 16/2013, y junto con entidades sociales como Médicos del Mundo y Andalucía Acoge, recogimos y mediamos en numerosas incidencias tanto en Málaga como en el resto de Andalucía. Afortunadamente, el apoyo que encontramos en la sociedad andaluza junto con la sensatez -rara avis- de nuestros políticos condujo a que, a principios de este verano, la Junta de Andalucía emitiera unas instrucciones a todos los centros de salud andaluces clarificando el derecho a la atención sanitaria de las personas inmigrantes. Un paso importante, una muestra de que se puede avanzar. De que somos muchos los que pensamos que la sanidad es un derecho intocable. Y de que, quizás algún día, no tenga que pensar en escribir sobre barbaridades como la limitación de la atención sanitaria. Porque la sanidad, sí, es para todas las personas.
*Adela Jiménez es presidenta de Málaga Acoge
