Juzgado de guardia

El político, la infanta y el juez

27.01.2014 | 01:09

La entrevista a Mariano Rajoy de la pasada semana ha dejado muchos titulares y numerosas dudas: la ciudadanía ya sabe que tiene un presidente del Gobierno que divaga, que no es capaz de contestar con un mínimo de acierto o concreción la pregunta de un periodista y que los planes del Ejecutivo para salir de la crisis consisten, básicamente, en cargarse a la clase media, precarizar el mercado de trabajo y asaetear a los más humildes cortándoles asideros sociales como la sanidad, la educación y la dependencia. Ahora también sabemos que Rajoy no cree en la separación de poderes, algo que ya intuíamos tras el vergonzoso reparto de cromos con el que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE como estrella invitada. Rajoy se permitió decirle a la entrevistadora que espera que a la infanta Cristina le vaya bien en su declaración como imputada ante el juez Castro, que investiga a su marido, Iñaki Urdangarin, y a la propia princesa, por sus aficiones dinerarias. Más allá de que una vez más la ciudadanía se ha llevado las manos a la cabeza por las actividades de un matrimonio real que, sin tener necesidad, se ha metido en un berenjenal judicial de órdago, resulta que el presidente del Gobierno, Poder Ejecutivo, quiere que a Cristina de Borbón le vaya bien en una declaración, Poder Judicial, en la que ha de responder de supuestas actividades delictivas. Y todo ello después del espectáculo lamentable de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado tratando por todos los medios que la real imputada no se siente a dar explicaciones a un juez. El sistema funciona, menos mal, por togados como él, por magistrados independientes que aquí o allá deciden tirar del hilo sin apoyo de ningún tipo, ni siquiera, en muchas ocasiones de sus compañeros. Montesquieu se revuelve en su tumba después de ese deseo de Rajoy que jamás debería haber salido de la boca del presidente del Gobierno, porque con ello demostró, en un segundo y ante millones de personas, que no somos iguales ante la Justicia, por mucho que se empeñen las élites dirigentes en decirlo una y otra vez.

Para que nos creamos esto del Estado de Derecho la infanta tiene que sentarse ante el juez, decir lo que sabe y, si no tiene nada que ocultar, saldrá sin una imputación y no se le procesará en el futuro. Pero si ha ayudado a su marido Iñaki con sus cosillas, si de verdad se demuestra que algo sabía, tendrá que responder como ocurre cada día en la Ciudad de la Justicia de Málaga con cientos de ciudadanos. Así, por lo menos, esto seguirá pareciéndose a un Estado de Derecho unos años más.

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