Uno de los jugadores del parchís que tiene a su lado en el tablero (el de color azul), viendo como en plena partida pierde a manos de otros de sus contendientes, decide que al comerse una ficha del contrario, en lugar de 20, se deben contar 40. Justamente el número de casillas que le hacen falta para meter su última ficha en la llegada y ganar la mano. ¿Cómo reaccionaría usted?
Pues sepa que esta «trampa al parchís» es lo que pretende el Partido Popular con la Reforma de la Ley Electoral que quiere llevar a cabo ahora, sin consensuar ese cambio de reglas del juego con ninguno de los otros jugadores, a 8 meses vista de las próximas municipales de mayo, proponiendo que sea nombrado directamente alcalde, aquél candidato más votado, que obtenga al menos un 40% de votos, aunque los partidos que concurriesen a esos mismos comicios sumasen el restante y superior, 60% de sufragios emitidos.
Bien dice el catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense de Madrid Javier García Fernández que la propuesta lanzada es claramente inconstitucional por vulnerar de plano el principio democrático recogido ni más ni menos que en el primer artículo de nuestra Constitución (cuyo art. 140 también habría que modificar). No en vano, si sólo un 40% de los sufragios ya asegurase automáticamente la alcaldía, el regidor no representaría a la mayoría de los electores del municipio, pues sólo sería el votado por la minoría más mayoritaria. Salvo elección por mayoría absoluta, en una ciudad habría más electores que no han votado al alcalde, que electores que lo votaron.
Contradiría igualmente lo que el Tribunal Constitucional desde 1981 viene diciendo acerca de que «la formación de la voluntad popular debe articularse a través de un procedimiento en el que opere el principio mayoritario -pactos incluidos-, como fórmula para integrar voluntades concurrentes».
Y no sólo eso. De forma unilateral quebraría, con la única fuerza de sus votos, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso, ese consenso tácito entre partidos que se inició implícitamente en 1977 y continuó con la L.O.R.E.G. de 1985 y sus sucesivas reformas.
¿Qué temen?: ¿Al desgaste electoral fruto de sus nefastas y antisociales medidas contra la crisis, y sus consecuencias?, ¿Al derrumbamiento del bipartidismo que manejaba España hasta el momento -por el que quedan gravemente tocados junto al PSOE- y tratan de apelar otra vez al que llaman «voto útil» para obtener ese porcentaje necesario?, ¿A nuevas fuerzas políticas que han emergido en el panorama político nacional -como Podemos- y a una llamada «tercera vía» -UPyD- que se abren camino con fuerza y se convierten en seria amenaza para conservar esas mayorías que tantas alcaldías le dieron en los últimos tiempos?, ¿A que le mueva la silla el nuevo horizonte que abrieron las últimas europeas con posibilidad de todo tipo de alianzas, ahora con opciones reales de poder, y hasta hace menos de un año, meras quimeras? Seguramente todo eso y más.
Déjense de eufemismos, señores del PP, y en lugar de hablar de «elección directa de alcaldes»; con la excusa de «buscar una mayor gobernabilidad, y una mayor identificación de éstos con sus electores» con el preocupante déficit de representatividad que ello conlleva; hablen de elección directa de sueldos, poltronas, asesores, despachos y coches oficiales de los que hasta ahora vienen disfrutando, aunque las urnas -y eso es a lo que realmente temen, y con fundamento- digan en mayo lo contrario.
La «necesidad» de esta reforma no beneficia a los ciudadanos a los que se priva de un mayor pluralismo en su representación política que es lo que vienen demandando con sus últimas votaciones y así lo vienen confirmando las encuestas. Sólo ustedes ganan. Ni han contemplado la elección en segunda vuelta.
Y no vengan a disfrazarlo de medida de «regeneración democrática», pues eso es otra cosa: Solucionar el problema de financiación de los pequeños municipios; clarificar ya las competencias propias y compartidas; asegurar los mecanismos para cumplir compromisos entre administraciones; listas abiertas desbloqueadas con voto preferencial pudiendo alterar el orden de los candidatos; limitación de mandatos; redefinición de las competencias del regidor y la corporación municipal; más mecanismos de control para un alcalde que es de los que mayor poder acumula en Europa,
Pero ello, dejando de lado retoques apresurados e interesados, y modificando la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Electoral, dentro del más amplio consenso y con altitud de miras. No a 10 minutos del final del partido cambiando las reglas cuando les interesa.
Acaso pareciera que el principal y único problema que ahora tienen los ayuntamientos españoles es la elección del alcalde, ¿No es más cierto que lo es la corrupción? ¿No se les ha ocurrido, por ejemplo, reforzar las potestades de control de los interventores municipales?
¿O eso no les urge?
@ManuelHuertas75
