Se llamaba Carla. Tenía 14 años. Acabó con su vida tirándose desde un acantilado en Gijón en abril de 2013. Dos de sus compañeras le hicieron la vida imposible durante dos años con insultos diarios, mofándose de ella en distintas redes sociales y, en esa espiral de infamia, llegaron a agredirla. Las dos cabecillas del grupo de cobardes que acosaban a Carla han sido sentenciados a cuatro meses de tareas socioeducativas, de forma que mejoren su empatía y asuman las consecuencia de sus actos, ha dicho la Fiscalía de Oviedo. Y con eso se queda todo despachado. Así somos. Así fuimos y así seguiremos siendo. Comprendo que las condenadas son menores, que tal vez no midieron las consecuencias de sus actos y espero que algún día, cuando las canas hayan perlado sus sienes y miren hacia atrás, sientan vergüenza ajena de lo que hicieron y no puedan mirarse a la cara. Este caso, como otros, pone al descubierto el tremendo problema de acoso escolar que tiene este país y la impotencia de las autoridades fiscales y judiciales para ponerle coto, algo casi imposible si se tiene en cuenta que algunos colegios miran para otro lado impunemente y muchos padres se sienten orgullosos de hijos que van pisoteando a los demás sin medir las consecuencias de sus actos.
Una vez más, surge aquí el eterno debate sobre si la ley del Menor debe sufrir reformas y, además de reeducar, es capaz también de castigar este tipo de conductas. Un par de cursitos de empatía y listo oiga. Así de gratis sale haber llevado a un ser humano al borde de esa frontera última en la que la vida ya no vale nada y no quedan asideros más allá de la propia dignidad de una chiquilla de 14 años que se vio desamparada y decidió ponerle fin a todo, decir adiós para no seguir asistiendo a ese escarnio diario sin que nadie hiciera nada, salvo sus padres, sin que nadie se apiadara de una menor que no podía defenderse. En mi opinión, este y otros casos demuestran que el texto normativo necesita ser reflexionado de nuevo por el legislador y endurecido. Hay que reeducar, sí. Y posiblemente las recetas de la ley son adecuadas para el 95% de los delitos que cometen quienes tienen entre 14 y 18 años, pero hay un 5% de ilícitos tales como el asesinato o el homicidio, los abusos sexuales graves o el acoso cuando su resultado es de autólisis que necesitan de respuestas educativas y punitivas. La violencia entre menores no puede seguir saliendo casi gratis a los agresores, que, en muchos casos, cuentan con la connivencia de los padres. Mientras los colegios se siguen armando contra esta realidad, necesitamos de una ley más dura, que dé oportunidades al delincuente juvenil pero que también los castigue. Para Carla no hubo ninguna oportunidad.
