Se suele hablar de la excesiva representación parlamentaria de los «nacionalismos periféricos» como argumento para modificar la ley electoral española. Ahora que la conferencia del PP ha puesto otra vez dicha reforma sobre la mesa, vamos a contemplar el asunto a la luz desnuda de los datos.

En las elecciones generales de 2011, el conjunto de partidos nacionalistas ­-incluyendo en ellos a Coalición Canaria y a Compromís- que llegaron al Congreso sumó un total de 2,4 millones de votos, traducidos en 37 diputados. Cada diputado les costó 65.465 votos. En las mismas elecciones, el coste de cada diputado en votos fue de 58.230 para el PP y 63.399 para el PSOE. Es decir, que el conjunto de los periféricos no estuvo sobrerrepresentado sino más bien lo contrario. A los nacionalistas, los diputados les costaron más que a los grandes partidos con implantación en todo el territorio.

Yendo al detalle, a CiU cada diputado le costó 63.391 votos, prácticamente lo mismo que al PSOE. Al PNV le costó 64.703 votos. A Esquerra Republicana, 85.464 votos. Y así, subiendo. Solo Amaiur consiguió un mejor precio, 47.661 votos por escaño; desviación ampliamente corregida por las tasas pagadas por Compromís (125.150) y el BNG (91.640).

Queda pues demostrado que los partidos nacionalistas no están sobrerrepresentados por el hecho de concurrir tan solo en sus respectivos territorios, y ello es fácil de explicar. Igual como en el conjunto español los grandes partidos gastan muchos votos por cada escaño en Madrid y muchos menos en Cuenca, los nacionalistas también pagan más caros sus escaños en las provincias de Barcelona o Bilbao, y más baratos en Lleida y en Vitoria.

Si los conservadores quieren echar a los partidos nacionalistas del Congreso tendrán que buscar otra excusa.

El artículo 68 de la constitución, en su apartado 2, tras señalar que la circunscripción es la provincia, añade: «La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población», y en el apartado 3 aclara: «La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional». Pocas constituciones son tan detallistas sobre el sistema electoral, pero la española lo es, y no dice nada de primas de estabilidad. Manda una doble proporcionalidad: para el reparto de diputados por provincias según la población, y en cada provincia según los votos. Y manda también que los votos de cada circunscripción se queden en ella, lo que casa mal con «bolsas de restos» de gestión general.

Claro está que la constitución es modificable. Si se modificó para poner la deuda por delante de las pensiones, se puede hacer para favorecer a los intereses electorales de los grandes partidos. En Italia lo hacen casi con cada cambio de gobierno. Otra cosa es si este debe ser el ejemplo y el camino.