El Plan General de Ordenación Urbana de mi pueblo, Marbella, pronto celebrará su sexto aniversario. Fue aprobado provisionalmente el 29 de julio de 2009 por el pleno del Ayuntamiento. El PSOE apoyó al equipo de gobierno, del Partido Popular, capitaneado por la entonces alcaldesa doña Ángeles Muñoz. No votaron a favor dos destacados miembros del grupo municipal socialista: el ecologista don Javier de Luis, ausente durante la votación y don Juan Luis Mena, que emitió un voto negativo. También votó en contra don Enrique Monterroso, de Izquierda Unida. El polémico documento ha tenido una navegación muy compleja, con un elevado número de alegaciones en contra, además de intensas batallas libradas en sedes judiciales, llegando incluso al Supremo. Llovía sobre mojado. Unos meses antes de la aprobación, el Parlamento Europeo presentó el 26 de marzo de 2009 el durísimo Informe Auken, sobre las irregularidades urbanísticas detectadas en las costas españolas. Según parece, el flamante gobierno local de Marbella y su alcaldesa negaron las más básicas cortesías a los parlamentarios europeos llegados a la ciudad ante los requerimientos de no pocos ciudadanos. Alarmados éstos por las posibles legalizaciones de edificios ilegales de la época Gil a través de mecanismos del nuevo PGOU. A pesar de tener éstos licencias anuladas por los tribunales, después de largos y costosos contenciosos.
«¡Marbella tendrá un número probablemente excesivo de monumentos al triunfo de la corrupción!» Esa frase se le escapó a mi amigo, un prestigioso experto del Consejo de Europa especializado en la ordenación del territorio. Había llegado a Marbella para disfrutar de unas vacaciones en nuestra tierra. Acabábamos de analizar el futuro PGOU de Marbella. Me comentó que le había llamado la atención la existencia de indicios de degradación institucional en el documento. Y lo afirmaba desde su afecto a España, con el aval de haber sido miembro del equipo redactor que hizo posible la modélica Carta de Sevilla. Auspiciada ésta por el Consejo de Europa, fue firmada en 1993 por tres grandes regiones históricas europeas: Andalucía, la Toscana y el Languedoc-Roussillon. En realidad, el proyectado PGOU de Marbella podría ser el negativo de la foto de ese acuerdo, como lo sería igualmente de los contenidos de la Convención Europea del Paisaje, tratado internacional que España había firmado y ratificado.
Nos llamaron la atención en el polémico PGOU marbellí los indicios de una aparente amnistía final para los edificios ilegales del gilismo. No le pude ocultar a mi buen amigo que para muchos el documento representaba una cómoda y nada gravosa salida para los responsables de las edificaciones irregulares levantadas durante aquellos quince años de cleptocracia. Y sobre todo llamaba también la atención que fuese en las zonas más pobladas de la ciudad (las más necesitadas de la devolución del equipamiento saqueado) donde se producían las rebajas más generosas para los infractores. Siempre en el centro del resbaladizo ámbito de la legalización a través de compensaciones, seguía estando el principio legal de la exclusión del beneficio. Que en principio no debería permitir que casos de corrupción urbanística se saldaran con un beneficio económico para sus autores. Ya era entonces obvio que crearía problemas la forma en la que se intentó cerrar en falso aquella etapa, tanto por el nuevo Ayuntamiento postgilista de Marbella como por la Junta de Andalucía. Así lo siguen viendo los colectivos perjudicados, con opiniones que empiezan a compartir ahora importantes promotores inmobiliarios.
