Entre tanto «tocarse los cojones» y «me suda la polla» de esta invasión púnica que se ha ido produciendo en las instituciones, madrileñas y no madrileñas -cuánta pena poder generalizar así-, pasan casi desapercibidas que te dejan la cara verde y abonan el insano regusto de la sospecha. Anteayer fue un día movidito en el Ayuntamiento de Málaga, donde el alcalde De la Torre está haciendo contorsiones sin mayoría absoluta para sacar adelante sus anteriores proyectos, o no.
El concejal socialista, exdelegado de Sanidad en la provincia, Daniel Pérez, denunció que, tras una visita de control a Urbanismo, le sorprendió un contrato de compraventa entre particulares formalizado en 2011 en el que se adquirió por valor de unos 5.000 euros un cacho de desmonte empinado de 1.500 metros cuadrados. Y por qué la sorpresa, pues por la misma razón que a quien esto firma le ha hecho revolverse y desenvainar esta última columna de julio con la misma rapidez con que mi niño me apunta con su pistola de agua cuando lo llevo a la playa de la Misericordia.
En este año de 2015 aquel comprador ha obtenido del Ayuntamiento, de todos, 125.000 euros por ese trozo de suelo en el monte de Gibralfaro pintado como zona verde en el PGOU de 1997, por el que pagó, según contrato, veinticinco veces menos hace sólo cuatro años. Un trozo de suelo incluido en el sistema general donde no se puede construir ni la diminuta casa seta de David el gnomo ni una pequeña cueva para algún pitufo que se quisiera mudar a la capital malagueña desde el bonito pueblo de Júzcar. Para qué se compra un pecho de monte donde no se puede ni edificar ni cultivar, por muy barato que cueste. A lo mejor como inversión de futuro para cuando algún populismo enladrillado y un nuevo PGOU lo reclasificasen para que hagan su agosto los elegidos, tan generosos con los electos. Pero, entonces, para qué vender sólo cuatro años después.
Quizá se pueda argumentar en conversaciones de pasillo que el precio real que se pagó no fuese el que se puso en el contrato de compraventa (algo que sucede y que fue práctica generalizada durante la burbuja inmobiliaria hasta entre quienes adquirían por primera vez una vivienda habitual), en cuyo caso la diferencia presuntamente podría haber sido cobrada en negro y, por tanto, la operación sería susceptible de ser inspeccionada por indicios de fraude fiscal. O quizá se podría argumentar que el Ayuntamiento sale ganando con esta expropiación demandada por el propietario porque por 125.000 euros se obtiene un poco más de monte público para ese parque pulmón que se asienta en pleno centro urbano de Málaga. O quizá se podría argumentar y argumentar hasta advertir finalmente que estas cosas suceden de manera habitual entre hábiles especuladores de suelo, incluso de zonas verdes. Quizá se podría zanjar la cuestión con esta dosis de desencantada realidad, sí. Quizá O quizá no, ¿no?
