En medio de las elecciones catalanas y de las elecciones generales, a finales del mes de noviembre, la Universidad de Málaga elegirá a su nuevo rector o rectora, tras la marcha de Adelaida de la Calle para ocupar el cargo de consejera de Educación de la Junta de Andalucía. El periodo que transcurre entre el cese anticipado de un cargo de esta naturaleza y la elección de uno nuevo es siempre delicado para quienes asumen la importante responsabilidad de regir la institución manteniendo la normalidad en su funcionamiento. Esta tarea recae en el actual rector en funciones, José Ángel Narváez, quien junto al resto del equipo de gobierno debe gestionar la institución universitaria con el acierto necesario para procurar una transición que cumpla con las normas y los mecanismos que la universidad posee para elegir a su responsable máximo sin que se paralice la vida académica y científica de la Universidad de Málaga. La demostrada experiencia del actual rector en funciones, y su capacidad de innovación, son una garantía y una tranquilidad para quienes observamos a diario desde nuestro puesto de trabajo la complejidad de la vida universitaria.
En los últimos años, la universidad pública española ha estado situada en el punto de mira de la política, acusada de incapacidad para responder a las demandas de la nueva sociedad, eufemismo muy extendido en el vocabulario político y en el de algunos teóricos económicos y sociales deslumbrados por los cambios tecnológicos. Es cierto que la universidad se encuentra en una encrucijada, y que tiene que resolver problemas internos y de relación con la sociedad, incluso que adaptarse a nuevas demandas, pero no lo es menos que la universidad sigue siendo una institución indispensable para el desarrollo humano y social que debe resituarse en la sociedad ocupando el plano que se merece.
Mientras nuestros gobernantes no se comprometan con la universidad pública, destinando más recursos para la investigación y para la docencia, y no la ubiquen en el centro del sistema económico y social, mediante su participación activa en los foros donde se deciden las políticas (educativas, económicas, culturales, tecnológicas, sanitarias, etc.), por los retornos que toda universidad de calidad puede producir, no podremos dar el salto cualitativo que nuestras universidades necesitan para afrontar todos sus retos. Entre tanto, habrá que seguir haciendo las cosas de la manera más eficaz posible, apoyando a profesores e investigadores, estudiantes, y PAS en el ejercicio de su actividad y en su promoción, procurando la mayor transparencia en la gestión, y optimizando los recursos disponibles para lograr el éxito en la calidad de la docencia, de la investigación, y en la transferencia a nuestro entorno. En este sentido, la Universidad de Málaga, a través de sus órganos de gobierno, ha procurado seguir esa senda institucional, aunque con diferente grado de éxito. Se ha avanzado en algunos ámbitos, y en otros hay que seguir haciéndolo para conseguir una universidad cohesionada en torno a un proyecto común que satisfaga al conjunto de la comunidad universitaria. Habrá pues que consolidar lo que está bien hecho, y corregir las disfunciones, pero sobre todo habrá que gestionar con ecuanimidad y con criterio científico, ése que nunca nos puede faltar por nuestra propia condición de universitarios. Ello no es óbice para ir más allá, reclamando más y mejor espacio para las nobles aspiraciones de la universidad.
La Universidad de Málaga ahora está también en el punto de mira de nosotros mismos, de los universitarios, ya seamos profesores, investigadores, estudiantes, o personal de administración y servicios, que esperamos seguir desarrollando nuestro trabajo con ilusión y normalidad; pero también lo está en el punto de mira de los ciudadanos, que quieren saber qué hacemos; en el de los políticos, que nos contemplan con respeto aunque con cierta perplejidad; en el de los sindicatos, siempre vigilantes de nuestros derechos laborales; o en el de los medios de comunicación, que reconocen el papel de la universidad y asisten con interés a nuestros cambios.
La defensa de la universidad pública es una obligación de las sociedades democráticas, un requisito que mide el grado de las garantías constitucionales de un país, y un instrumento para el progreso. La universidad española tiene ante sí ese reto frente a las políticas privatizadoras que están suponiendo la reconversión del sistema universitario y la imposición de un modelo excluyente. En medio de este panorama, la Universidad de Málaga, de la mano de sus departamentos y centros universitarios, ha desarrollado su labor con enorme dignidad y responsabilidad, situándose en muchos ámbitos a la vanguardia del sistema universitario español. Pero como toda institución, la universidad es perfectible y mejorable. Y ello ha de hacerse con conocimiento de causa, con rigor en el análisis previo a cualquier toma de decisiones, con honestidad en el trabajo, con diálogo? De ese proceso es de donde surge la innovación. Trasladar a la universidad la crispación y el frentismo que se advierte en otros ámbitos de la esfera pública española es un craso error. La universidad es por naturaleza integradora, suma de las distintas voluntades, crisol de ideas y del pensamiento, escenario en el que destaca el trabajo vocacional y el desarrollo de la inteligencia, lugar en el que prima el derecho como garantía de nuestra convivencia: el pluralismo, la libertad de conciencia, el funcionamiento democrático de sus órganos de gobierno y de gestión. Territorio conectado con el entorno, permeable con él, que no puede olvidar su función social de servicio público. Quienes no entiendan que el cambio de la universidad es el resultado de un proceso que ha de tener en cuenta todos estos factores, quienes aduciendo razones de liderazgo sin argumentos pretendan cambiar la universidad desde el prejuicio de que todo está mal estarán sosteniendo un discurso con pies de barro, que oculta intereses que pueden no ser universitarios.
