Políticas públicas

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Las imágenes de almacenes polvorientos en los que se pudren yates incautados a las redes de narcotráfico deben pasar a la historia

27.10.2015 | 05:00

El pasado viernes, último día posible ante la inminente convocatoria de elecciones, el presidente del Gobierno inauguró las vacías dependencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), sitas en el propio Ministerio de Justicia, y cuya reglamentación fue publicada un día después en el Boletín Oficial del Estado, a través del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre.

Aunque los medios de comunicación han prestado más atención al continente que al contenido –El País, por ejemplo, titulaba el sábado que «Rajoy inaugura una oficina judicial antes de su creación»–, este asunto constituye una buena noticia que merece una mayor y mejor consideración. La creación de esta oficina nos equipara a otros países del entorno –el BOE sólo cita a Francia, aunque el informe preceptivo de la Fiscalía General del Estado también habla de Bélgica, Alemania y el Reino Unido–, permite una nueva transposición de otra sagrada directiva europea y, sobre todo, va a permitir sobre el papel la recuperación más ágil de activos procedentes de la delincuencia y el crimen organizado, así como su conversión en dinero contante y sonante que deberá revertir a las arcas públicas.

Las imágenes de almacenes polvorientos en los que se pudren yates incautados a las redes de narcotráfico deben pasar a la historia en un breve plazo de tiempo. La Oficina pretende autofinanciarse, quedándose para sus gastos corrientes con un porcentaje del 5% de lo incautado. Esta forma de financiación supone un incentivo a su buen funcionamiento, y también un mecanismo para evitar la creación de nuevas unidades administrativas con la correspondiente dotación infinita de presupuestos públicos. No obstante, debería incluirse alguna mención a la transparencia en la gestión y adjudicación de estos activos (encomendada a una «Comisión de Adjudicación» multiministerial), como ya ocurre con el llamado «banco malo» irlandés: sólo así se garantizaría la enajenación de estos bienes a la mejor oferta posible, y no a subasteros o entornos adyacentes al poder administrativo susceptibles de disponer de información privilegiada.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Marbella, empeñado en la reversión al municipio de lo esquilmado en la llamada «era Gil», debería leer con atención los artículos 15 y 16 de la precitada norma, en los que se contempla «la distribución de recursos entre los beneficiarios». Si bien se abre la puerta al protagonismo de comunidades autónomas y Entidades Locales, se hace con unos requisitos que quizás no sean los que espera la ciudadanía saqueada de Marbella.

En definitiva, se trata de una iniciativa que se debe aplaudir, que equipara a España con los países de su entorno, que toma como modelo a oficinas similares que funcionan con éxito en otros países de Europa, y que supone la transposición de una nueva directiva comunitaria. Asimismo, parece lógico dotar de una mayor agilidad administrativa a la recuperación de los fondos robados y a la gestión eficaz de los bienes decomisados en operaciones de lucha contra la delincuencia política y económica y las redes de crimen organizado, de manera que el producto de estas actividades ilícitas –a menudo oculto tras un opaco entramado de empresas ficticias, paraísos fiscales y secretos bancarios– efectivamente pueda recuperarse y utilizarse para reparar el daño causado. Ojalá pues que tenga éxito y que en las previstas comparecencias anuales del su director general se aporten buenas noticias, en un marco de transparencia ineludible para cimentar la credibilidad y la reputación de esta nueva oficina judicial. El año próximo lo veremos.

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