Parece que por fin el Tribunal Constitucional va a pronunciarse sobre el recurso que en su momento presentó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Ley 10/2012, conocida como «Ley de Tasas Judiciales» (modificada por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero). Por lo tanto, puede ser un momento oportuno para reflexionar en voz alta sobre las políticas públicas orientadas al buen funcionamiento del sistema judicial. Diversas leyes de finales de legislatura introdujeron reformas de calado, que en un entorno de hostilidad política y ruido mediático quizás no hayan suscitado el debate público que sin duda merecían.
La Ley de 2012 pretendía, entre otras muchas cosas, contribuir a la financiación del sistema judicial a través de la recaudación de tasas, pero también tenía como objetivo casi declarado tratar de contribuir a la descongestión de un sistema saturado por una elevada litigiosidad. Los detractores de estas medidas ya alertaron de los beneficios que podría traer para los infractores y, sobre todo, de los perjuicios para los ciudadanos y empresarios de menor poder adquisitivo, que podrían renunciar a la vía judicial para la defensa de sus legítimos intereses por no poder asumir los nuevos costes. En este sentido, parece que los magistrados del Tribunal Constitucional efectivamente son ahora conscientes de la vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva que se ha producido encareciendo estos costes. Diversas estadísticas oficiales avalan el descenso de nuevos asuntos, lo que podría interpretarse como un éxito del espíritu de la ley, pero también como un fracaso precisamente por su demostrado carácter restrictivo.
Respecto a la recaudación de las tasas, poco o nada se sabe. Según el propio texto legal deberían haberse transferido a las comunidades autónomas para financiar los servicios de justicia gratuita, que se prestan a través de los Colegios de Abogados. En respuesta parlamentaria de noviembre el ministro de Justicia, ahora en funciones, desveló unos ingresos tributarios superiores a los 512 millones de euros, que fueron centrifugados en la caja común y que no han cumplido, por lo tanto, con su destino finalista y normativamente establecido.
El debate público y la inminente -al parecer- pronunciación del Tribunal Constitucional coinciden en el tiempo con la publicación, en el más reciente Boletín Económico del Banco de España, de un jugoso artículo sobre los efectos económicos del funcionamiento de la justicia en España. Sorprende en su lectura que nuestro país no ande especialmente atrasado en algunas comparaciones estadísticas, como por ejemplo en la resolución de litigios, donde nos movemos en la media europea. Lo que sí destacan sus autores es que un mal funcionamiento del sistema judicial puede afectar a las transacciones económicas, al emprendimiento, a la financiación empresarial o al funcionamiento del mercado de la vivienda. Y se trata de temas candentes que están en la agenda política de quienes deben configurar un Gobierno de la nación para los próximos años.
Nuestro país destaca a la baja en la financiación de su sistema judicial (apenas 27 euros por persona y año, frente a los más de 100 en Alemania, los 50 de Italia o los 42 de Inglaterra), y en la dotación de jueces (11 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de países similares está en 21, casi el doble). Por el contrario, es uno de los países con más abogados ejercientes, lo que sin duda es un estímulo para acudir a los tribunales a resolver conflictos que quizás podrían tener solución en instancias previas de mediación extrajudicial. En fin, también el diseño institucional importa, así como la tradición jurídica y otros muchos factores.
Siendo la Justicia tan importante para la confianza de los ciudadanos, y tan relevante para el buen funcionamiento de la economía, no estaría de más prestar la atención adecuada a lo que se decida en estos momentos de pacto político y diseño de un nuevo marco institucional más riguroso y transparente. Si la sociedad española aún no ha saltado por los aires se debe en buena medida al esfuerzo solitario de algunos hombres buenos, jueces independientes que han sido capaces de mantener la fe colectiva en la existencia de un Estado de Derecho. La Justicia importa. Pronto sabremos cuánto.
