Desde la distancia

Pura injusticia tributaria

16.04.2016 | 05:00

Nicolás Sarkozy, entonces presidente de la República Francesa, proclamó en abril de 2009, tras una cumbre del G20 en la que se habló de los paraísos fiscales: «La época del secreto bancario se ha terminado». El político galo falló en ese pronóstico tanto como cuando, con el mismo tono grandilocuente, propuso un año antes «refundar el capitalismo desde bases éticas». Las organizaciones multilaterales (el propio G20 y la OCDE) y en Europa las instituciones de la UE han hablado mucho y actuado muy poco para erradicar los paraísos fiscales, a pesar de que hacerlo fue una promesa que ganó volumen en el inicio de la Gran Recesión.

Las medidas que trató de poner en marcha la OCDE, herederas de intentos anteriores también sin fruto, acabaron siendo meras distracciones, como han descrito algunos expertos tributarios. Las presiones de los países con territorios dependientes que pueden ser considerados paraísos fiscales (entre ellos, EEUU y varios de la UE) terminaron por esterilizar los efectos de la elaboración de una «lista negra» de territorios y la posible eficacia de las normativas penalizadoras que algunos gobiernos preconizaron para disuadir a sus contribuyentes nacionales de practicar la evasión o la elusión de impuestos por la vía offshore. Una parte relevante de los paraísos fiscales de aquella lista consiguió salir de ella por la puerta que dejó abierta la misma regulación descafeinada de la OCDE: firmando un número determinado de acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria de dudosa utilidad y a menudo suscritos entre los propios paraísos. Así que la opacidad que caracteriza a esos territorios sigue siendo muy importante y constituyendo, según un estudio divulgado por el Instituto de Estudios Fiscales, «un refugio seguro para la delincuencia financiera internacional, para políticos corruptos y para el blanqueo de capitales».

El escándalo de «los papeles de Panamá» ha dejado ver además que la tendencia a deslocalizar el dinero hacia los paraísos fiscales es compartida por miembros de élites políticas de toda suerte de regímenes. La relación de implicados comprende tanto al británico David Cameron o a la española Pilar de Borbón, como al rey absolutista de Marruecos, a los máximos dirigentes comunistas chinos o al entorno del presidente ruso Vladimir Putin. Sea legal o no tener una sociedad offshore, la aparición de nombres como esos, junto a los de estirpes empresariales y compañías multinacionales, alimenta la convicción generalizada de que los paraísos fiscales existen y mueven cantidades de dinero y patrimonios cada vez más colosales porque es interés de las minorías políticas y económicas con más poder que continúe siendo así.

Los perdedores son los demás contribuyentes. El funcionamiento de los paraísos fiscales reduce la recaudación tributaria de los Estados cuyos nacionales deslocalizan sus rentas y patrimonios para pagar menos impuestos y en esa medida socava la capacidad pública de sostener los mecanismos de protección social y de estimular la inversión productiva. Y se acentúa el desplazamiento de la carga fiscal desde las rentas del capital, dotadas de mayor movilidad, hacia las rentas del trabajo y hacia el consumo. Esto es, lo que no tributan quienes tienen capacidad económica para establecerse en un paraíso fiscal, lo soportan los demás que no la tienen, sobre todo los trabajadores y la pequeñas y medianas empresas. Pura injusticia tributaria.

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