Tribuna

La cuestión Rajoy

20.04.2016 | 01:20

Si faltaba algo para que la política española se bloqueara por completo, ese algo es la renuncia del ministro Soria, el apellido más repetido esta semana en la prensa. El PP decidió no presentar a su candidato a la investidura porque no contaba con apoyos suficientes en el Congreso; Podemos frustró las aspiraciones del candidato socialista al votar en contra, y el PSOE se ha resistido a encabezar una coalición de partidos de izquierdas y nacionalistas. El PP confiaba en que tras sucesivos intentos fallidos el PSOE permitiera con su abstención una solución pactada entre ambos, pero tal posibilidad ha sido descartada por los socialistas, al menos antes de otras elecciones. El resultado es que no hay gobierno, ni de continuidad, ni de cambio, y que se da por segura la vuelta a las urnas. Salvo nuevas sorpresas, solo el voto favorable de los inscritos en Podemos al acuerdo del PSOE con Ciudadanos, rechazado por sus dirigentes, podría complicar aún más las cosas. Existe riesgo de crisis internas en los partidos llamados a configurar el próximo gobierno y la situación es susceptible de empeorar.

La publicación de los «papeles de Panamá» ha tenido la consecuencia de estrechar el cerco sobre el PP, iniciado días después de las elecciones. Entonces, el PSOE reconocía la victoria de los populares y los invitaba a tomar la iniciativa de formar gobierno, a la vez que les anunciaba su oposición. Las razones del partido para esta actitud eran las políticas anticrisis aplicadas, el uso partidario de las instituciones durante toda la legislatura y que, en resumen, el PSOE era la alternativa, lo contrario al PP. En la resolución aprobada por el Comité Federal en el que se fijó la estrategia socialista no se cita la corrupción como motivo para desechar cualquier acuerdo con el PP. Pero la cascada de revelaciones de casos que implican a cargos públicos y dirigentes de este partido en operaciones delictivas o meramente reprobables, hizo evolucionar el discurso del PSOE, poniendo el acento en denunciar la podredumbre del PP y en la necesidad de apartar a Rajoy del poder. Los socialistas estrecharon lazos con Ciudadanos, que vieron la oportunidad de diferenciarse del PP y disputar su espacio electoral con mayores posibilidades.

El PSOE no ha conseguido formar el gobierno de cambio que ha promovido con denuedo, el PP está aislado, infectado por el virus de la corrupción, y no quedan más opciones viables. En tales circunstancias, cabe exigir a los partidos que despejen todo lo posible el panorama político de interferencias y problemas secundarios que supongan un obstáculo para alcanzar un acuerdo después de las elecciones. La gestión del gobierno en funciones no tiene mancha de corrupción y su presidente ha mostrado la mejor cara conocida del PP, pero Rajoy tiene también la máxima responsabilidad en el PP y ha consentido demasiadas veces la actuación de su partido fuera de la ley. Aunque la mayoría de las irregularidades más graves se produjeron bajo la presidencia de Aznar, su reacción ha sido en exceso contemplativa y tardía.

Lo que no debería ocurrir es que tras las elecciones volviera a discutirse si Rajoy puede aspirar o no a la presidencia del Gobierno. Es preciso que esta cuestión esté resuelta en el momento de hacer la nominación de los candidatos por dos razones. Una es que según algunas encuestas el PP podría ganar las elecciones otra vez y estar en condiciones de formar una mayoría parlamentaria con Ciudadanos. Otra es que partidos y electores deberíamos respetar el resultado de las elecciones. El veto a un candidato que acaba de ser respaldado por los votantes es en principio un mal hábito, impropio de una democracia avanzada, contradictorio con el fetichismo del voto en el que caen con frecuencia aquellos que piden abrir las urnas para decidir sobre cualquier cosa, y profundamente perturbador para el funcionamiento de las instituciones.

Sería inadmisible que Rajoy se convirtiera en el principal escollo para formar gobierno todavía después de unas nuevas elecciones. Habría que despejar la cuestión ya. El primero en hacerlo debe ser el PP. El problema estriba en que, a pesar de los años transcurridos y la infinidad de corruptelas que se han sucedido, nos falta un criterio político respetado por todos que señale cuándo un candidato o un cargo tiene que dejar la carrera política. Los partidos son permisivos con los suyos y muy exigentes con el resto, a conveniencia. Y su compromiso con las reglas del juego es débil. A veces, no dudan en ignorarlas.

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