Una de las primeras medidas anunciadas por el consejero de Educación, Javier Imbroda, nada más asumir su cargo fue la de redactar una ley de autoridad del profesor. Se marcaba este objetivo prioritario, y se mostraba convencido de que la Administración tenía que liderar esta defensa y respaldo a la labor de los docentes. Para ello, su gabinete ya ha elaborado un borrador que ha compartido este jueves en la reunión de la mesa sectorial con los sindicatos. Entre otras cosas, la nueva norma otorga al maestro presunción de veracidad, es decir, que en caso de conflicto en el entorno escolar, su palabra prevalecerá sobre la de alumnos o familiares.
La Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado que proyecta la Junta de Andalucía permitirá, a través de su desarrollo reglamentario, la unificación de la normativa ya existente y dotará a los docentes que prestan servicios en los centros educativos de la comunidad autónoma de un "adecuado respaldo legal y moral, ortorgándole protección jurídica y presunción de veracidad", según informa el sindicato ANPE en un comunicado, tras asistir a esta reunión sectorial.
La nueva ley establecerá también la obligación de las familias de colaborar y el compromiso de la Consejería con los docentes, a los que aportará asistencia jurídica y psicológica si las necesitan.
Según el sindicato, entre otras cuestiones, esta ley contempla la obligación del alumnado de reparar los daños que provoque en las instalaciones de los centros, así como, en caso de agresión al profesorado, la reparación del daño moral infligido, sin menoscabo de la responsabilidad civil o penal en que se haya podido incurrir conforme a legislación vigente.
"Desde ANPE, hemos instado a una tramitación rápida de la ley y que de manera inminente se aborde su necesario desarrollo normativo, de cara a la elaboración de protocolos de actuación ágiles y eficaces. Asimismo, hemos propuesto que la ley contemple la posibilidad de adopción de medidas cautelares, la implicación de las delegaciones territoriales, el establecimiento de una jerarquización en la presunción de veracidad, la concreción de las medidas correctoras y disciplinarias y, por último, la extensión del amparo legal a la inspección educativa", informó el sindicato.
