­Mario Blancke, el primer alcalde belga de un municipio malagueño, no está dispuesto a perpetuarse en el cargo. Concurrió por Ciudadanos a los pasados comicios municipales en Alcaucín, en la localidad donde ya había sido durante cuatro años concejal de Urbanismo -tras presentarse en las filas de Equo en 2011-, y logró el principal sillón municipal con el apoyo del PSOE. Sostiene que llegó a la política para luchar desde dentro por los intereses de los propietarios de viviendas por regularizar y añade que se irá «a casa» en el momento en el que haya visto normalizada la situación de los inmuebles en suelo no urbanizable.

Por lo pronto, la asociación ciudadana Save Our Homes in Axarquía (Soha), de la que ha sido portavoz y seguirá siéndolo pese a haberse convertido en regidor de su municipio de adopción, lograba ver culminada la pasada semana una de sus más antiguas aspiraciones: que el Senado apruebe con el apoyo de los dos grandes partidos una modificación en la legislación nacional para que los propietarios de «buena fe» que compararon viviendas irregulares «puedan ser indemnizados en caso de que se decrete el derribo de sus inmuebles».

Blancke, que acaba de cumplir 58 años hace apenas unos días, recuerda que es enfermero de profesión y que durante diez años ejerció dicho trabajo en su país de nacimiento. Pero en septiembre de 1989 visitó la comarca de la Axarquía y el 14 de febrero, «porque mi mujer y yo somos unos románticos», emprendimos nuestro viaje para fijar nuestra residencia en Rincón de la Victoria. Corría el año 1990 y sus hijos apenas tenían siete y ocho años. Luego vendría su traslado a Alcaucín y el momento en el que empezó a hacer bandera, en primera fila, de la lucha de los residentes foráneos por lograr la regularización de sus casas.

«Siempre hemos tenido como gran reto encontrar una solución definitiva. Pero en un momento dado vimos que podíamos hacer mucha más presión trabajando al frente de los ayuntamientos. Si le devolvemos la seguridad jurídica a los consistorios se podrán otorgar licencias de obra, al menos para el mantenimiento de las casas, y eso recuperará mucho del empleo perdido. Queremos también aliviar el sufrimiento de todos nuestros vecinos. Me identifico con todos porque llevo compartiendo mi vida en España un cuarto de siglo. Ya no me puedo imaginar en otro sitio. Y tengo claro que con mi esfuerzo puedo devolverle a este maravilloso territorio una parte de lo mucho que me ha dado», argumenta Blacke.

Añade que ver al fin la luz a lo largo del túnel en cuanto a la modificación de la Ley Hipotecaria, para evitar la ruina a los propietarios que compraron «de buena fe», es «un premio a la lucha que hemos mantenido durante más de una década». Y explica que en el trámite ante el Senado se ha podido ver que no se trataba de una problemática únicamente de la Axarquía, «sino que también se han sumado a nuestra petición afectados de Cantabria o Almería». Concluye que incluso la labor «ante los medios de comunicación locales y foráneos ha dado sus frutos».