14 de diciembre de 2017
14.12.2017
Tribunales

Armijo niega que se advirtiera de ilegalidad por el caso del vertedero

El exalcalde de Nerja, investigado por delitos de prevaricación y contra los recursos naturales, ha declarado este jueves ante el juez

14.12.2017 | 18:31
Armijo niega que se advirtiera de ilegalidad por el caso del vertedero

El exalcalde de la localidad malagueña de Nerja José Alberto Armijo ha acudido este jueves a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox en la causa iniciada por el vertedero presuntamente ilegal del municipio nerjeño. Ha negado que se hicieran advertencias de ilegalidad.

Así, fuentes judiciales han indicado a Europa Press que Armijo está investigado en este procedimiento por los presuntos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y contra el medio ambiente por omisión.

El exregidor ha asegurado que "nadie" ni ninguna administración u organismo advirtió de ilegalidad alguna, según fuentes del caso. Sobre expedientes sancionadores, ha señalado que se seguía la línea que marcaba la asesoría jurídica del Ayuntamiento y se presentaron alegaciones, sin que se produjera resolución o sanción al respecto.

Además, ha declarado que había una autorización para rehabilitar con escombros la zona, que era una cantera que se dejó sin rehabilitar en su momento y que había dejado una gran oquedad, han indicado a Europa Press estas fuentes.

La alcaldesa, Rosa Arrabal, compareció el día 1 de este mes para declarar por los mismos delitos; mientras que la declaración del delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, prevista para el pasado lunes día 11 fue aplazada, igual que la de otra funcionaria que debía comparecer esta semana, por no poder acudir el abogado que los representa.

Sí han comparecido ya la mayor parte de los 26 empresarios inmersos en la causa, cuya investigación ha llevado la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento en el juzgado. Se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación.

El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; "un espacio protegido"; y existe desde hace unos 15 años, según la querella, resultando de las investigaciones que se está "vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas".

Esto supondría, según lo actuado hasta ahora, un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas. Este espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas.

Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.

Asimismo, hay especies de flora silvestre en la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción y, según las fuentes, en caso de producirse un incendio el daño medioambiental podría ser considerado de "catastrófico" desde un punto de vista medioambiental, según los investigadores, afectando directamente al parque natural o incluso al paraje de los acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Además, las empresas encargadas de la explotación habrían expedido "certificaciones falsas" a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado, según la investigación inicial.

En este sentido, la Guardia Civil comprobó la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros. Este sería, según el instituto armado, el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos "indiscriminadamente y de manera ilegal".

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