El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerja, liderado por el alcalde, José Alberto Armijo (PP), emitió ayer un comunicado a través de la página web municipal en el que expresó que, acerca del caso del vertedero, «respeta la posición que mantiene la Fiscalía en dicho procedimiento», al tiempo que los propios cargos investigados «discrepan rotundamente» de lo manifestado en el escrito del fiscal.
Al respecto, el comunicado señala que tanto el regidor como la edil que figuran como investigados «en todo momento» mantuvieron «un comportamiento político» que no se corresponde «con ninguna conducta delictiva». La Fiscalía ha solicitado para Armijo una pena de dos años de cárcel por un presunto delito vinculado a la existencia, durante década y media, de un vertedero irregular sobre «una antigua cantera del río de la Miel».
Dicho recinto, en base a los documentos aportados al juzgado de Torrox que investiga esta causa, se encuentra situado dentro del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. En el escrito de acusación se señala que este vertedero carecía de las medidas legales para evitar la contaminación de los acuíferos o la posible propagación de fuegos en un entorno medioambiental que se halla en situación de especial protección.
El Consistorio, en su comunicación, agrega la consideración de los investigados, acerca de la posible resolución de este procedimiento judicial: «Considerando el escrito de la Fiscalía como un trámite procesal más y amparándose en la presunción de inocencia, los cargos públicos investigados confían tras el juicio, si llega a celebrarse, en un pronunciamiento judicial absolutorio», finaliza ese escrito.
La Fiscalía no sólo acusa a Armijo y a una de las ediles con responsabilidades en materia de medio ambiente durante la última etapa en la que el vertedero seguía abierto. También figuran aún como investigadas ocho personas más, empresarios vinculados al sector de la construcción, y que hicieron uso de este recinto para depositar diferentes materiales. El fiscal no obstante pide el sobreseimiento de estas actuaciones para investigados como la exalcaldesa Rosa Arrabal.
