El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha ordenado la transferencia de 3,5 millones de euros al recaudador municipal despedido por el Ayuntamiento, hace ahora 30 años, de forma irregular.
Con este pago, que suma el total de 4,7 millones de indemnización acordada entre ambas partes, el Ayuntamiento liberará los terrenos municipales para poder ejecutar los grandes proyectos previstos, como hoteles y zona de equipamiento del futuro puerto deportivo, un campo de golf y un tanatorio, y que se encontraban embargados por orden judicial.
"Me ha costado firmar la orden de pago", ha reconocido Medina. "La de cosas tan necesarias que se podían hacer con este dinero en creación de empleo, calidad de vida para nuestros vecinos o riqueza para Torrox y tener que desprenderse de 3,5 millones de euros por la ineptitud de algunos políticos no es fácil. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más el 15% del presupuesto municipal y simplemente por la dejadez de quienes se suponen que administran el dinero de los ciudadanos", afirmó.
"Los partidos que han estado al frente del Ayuntamiento durante estos años como PSOE e IU deberían sonrojarse y pedir perdón", ha dicho Medina, quien ha explicado que el pago de la indemnización desbloquea grandes proyectos para el municipio".
Óscar Medina ha destacado que el pago de esta indemnización sin tener que sacrificar servicios municipales o el plan de recuperación para hacer frente a los efectos de la pandemia no habría sido posible sin el trabajo de la concejala de Hacienda, Paula Moreno, y de su equipo.
Caso Barragán
El caso Barragán comenzó el siglo pasado, el 2 de febrero de 1990. El pleno municipal, presidido entonces por el socialista Idelfonso Mateos, acusó al recaudador Antonio Barragán de abandono de sus funciones en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios incumpliendo una cláusula de preaviso de tres meses que estipulaba el contrato que les vinculaba.
Tras un eterno proceso judicial, en el que según Medina "ni como alcalde ni como abogado puedo entender las numerosas pifias que se han cometido", finalmente ambas partes acordaron el pasado mes de mayo un segundo y último pago de 3,5 millones de euros para zanjar el conflicto, que debía abonarse en un periodo máximo de seis meses, plazo que culminaba el próximo mes de noviembre.
"He defendido con uñas y dientes todo lo que he podido para, al menos, ahorrar 7 millones de euros de los que nos pedía y cerrar de una vez este sangrante capítulo de la historia negra de Torrox", sentenció Medina.
