08 de enero de 2014
08.01.2014
Tribunales

Imputan al alcalde de Torremolinos por un delito de prevaricación urbanística

El juzgado número 4 ha citado a declarar al regidor torremolinense, Pedro Fernández Montes, el 5 de marzo

08.01.2014 | 05:00
Vista del sector R1.10 del PGOU de Torremolinos.

El juzgado número 4 de Torremolinos ha citado a declarar el próximo 5 de marzo, en calidad de imputado, al alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes (PP), a raíz de una denuncia presentada por afectados de un sector del Plan General de Ordenación Urbana en base a un supuesto delito de prevaricación y falsedad documental. En dicha zona del planeamiento torremolinense, localizada en El Cortijo de Maza, entre el camino del Pilar y la carretera de Coín, está prevista la construcción de un campo de golf de 18 hoyos y un máximo de 949 viviendas sobre una superficie de 632.000 metros cuadrados.

Inicialmente estaba prevista la declaración del regidor y de otras cuatro personas el pasado 18 de diciembre, pero fue suspendida ante la petición de la parte demandante, al no haberse notificado con suficiente antelación. Según la defensa de la acusación, los hechos denunciados se remontan al 4 de enero de 2005, cuando se procedió a firmar un contrato para la «venta por parte del Ayuntamiento de casi 13.000 metros cuadrados de suelo edificable, en virtud del aprovechamiento del sector urbanístico» ya aludido.

Las mismas fuentes sostienen que dicho contrato acarrearía un supuesto delito de prevaricación, ya que se «procedió a la venta de patrimonio municipal de suelo a favor de particulares sin procedimiento público de adjudicación de ningún tipo y sin los mecanismos de control interno y externo que para este tipo de actuaciones establece de manera precisa la legislación reguladora de los Patrimonios Públicos de Suelo».

La denuncia se interpuso a principios de 2012 y, aunque en primera instancia las diligencias previas fueron archivadas, «la Audiencia Provincial consideró este pasado verano que el delito no había prescrito, al estar aún dentro del plazo de diez años desde que se cometió».

A los letrados de la acusación les llama la atención «que, al concretarse la venta de ese 10% del aprovechamiento del sector, concretamente 12.886 metros cuadrados de techo edificable de uso residencial, se fraccionara en dos contratos sin causa alguna que justificara dicho fraccionamiento». Y es que, según la documentación, «la fecha, las partes, el objeto, el precio y las condiciones de venta eran las mismas en ambos contratos, vulnerándose con ello lo previsto en la ley de contratos del sector público que prohíbe de manera taxativa el fraccionamiento del objeto de los contratos». De ahí se alude a que pudiese haberse producido «más de un delito».

Aunque los contratos de venta del patrimonio municipal de suelo fueron posteriormente ratificados por el pleno municipal en «sendos acuerdos adoptados en fechas distintas, con una separación de dos meses entre un acuerdo y otro, en lo que parece un claro intento de ocultar el verdadero volumen del suelo enajenado», sólo están imputados el acalde y el resto de personas que participaron en la firma de ambos documentos.

«Es de significar que los particulares beneficiados con el proceder del alcalde –según las propias fuentes de la acusación–, son las entidades mercantiles Promociones y Proyectos Inmobiliarios de Mijas, S.A., La Leala Norte, S.L. y P.Q. Suquimed, S.L. Por último, aparece como beneficiaria de la venta la mercantil Royal, S.A.U., en la actualidad Reyal Urbis, inmersa en concurso de acreedores». En el comunicado elevado ayer por esta parte se agregaba que el 4 de enero de 2005 «en que las mercantiles referidas compran el patrimonio municipal de suelo, a su vez, venden a Reyal Urbis parte del suelo municipal adquirido». De esta manera, a día de hoy, una parte del suelo municipal que fue enajenado está sujeto al proceso concursal que padece esta última entidad.

Este periódico intentó ayer sin éxito recabar declaraciones del Ayuntamiento de Torremolinos sobre esta información.

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