Treinta y seis personas han sido detenidas y una más investigada como presuntos integrantes de una oerganización criminal dedicada a estafas masivas en el ámbito de la multipropiedad de la Costa del Sol. La investigación, que sigue abierta, ha calculado que podrían haber defraudado 17 millones de euros con unos beneficios netos que alcanzarían los 12 millones, mientras que las víctimas, mayoritariamente británicas, podrían ascender al medio millar.
Según ha explicado hoy el comisario provincial de Málaga, Francisco López, las cantidades estafadas iban desde los 600 a los 3.000 euros por familia, dinero que pasaba a las cuentas de los colaboradores de la organización, quienes se quedaban con una comisión antes de derivar el resto de dinero al líder. Posteriormente, un despacho de abogados españoles con sede en Benalmádena, en el que se han detenido a dos personas, se encargaba de blanquearlo con la compra de inmuebles y terrenos.
La operación, que ha sido posible gracias a la denuncia que puso un abogado de Benalmádena que representaba a 33 víctimas, ha incluido cinco registros y la intervención de 126.000 euros, siete vehículos, entre ellos un Ferrari, joyas y piedras preciosas.
Las primeras pesquisas encaminadas a determinar el lugar desde el que operaba la sociedad dieron como resultado la localización de tres empresas desde las que se habían realizado las operaciones fraudulentas.
Continuando con las indagaciones, los agentes hallaron un entramado organizacional delictivo compuesto principalmente por seis personas, el principal investigado -autor intelectual-, su mujer, su hijo y su nuera -personas de su total confianza que ocuparían el eslabón más próximo a él-, dos letrados -que serían los encargados del blanqueo de capitales- así como una treintena de colaboradores necesarios para llevar a cabo los fraudes.
Modus operandi
Los investigados se ponían en contacto con las víctimas potenciales -todos ellos propietarios de tiempo compartido y nacionalidad inglesa- y les ofrecían, por un lado, la posibilidad de adquirir un paquete vacacional y, por otro, la de vender su tiempo compartido a posibles compradores. Para comenzar los trámites -para la adquisición o venta del paquete vacacional- y en concepto de fianza, exigían a las víctimas una cantidad de dinero determinada.
Así, tras llegar a un acuerdo con los propietarios les engañaban para que realizaran las transferencias económicas. Pasado el tempo, los propietarios, que no veían cumplidas sus expectativas de venta o compra, se daban cuenta de que estaban ante una estafa.
La Policía también ha averiguado que los investigados se brindaban como una empresa que -con documentación falsificada tanto de notarios como de abogados españoles- se ofrecía para emprender acciones legales en contra de las empresas timadoras, pretendiendo de esta manera estafar nuevamente a las víctimas.
