03 de julio de 2018
03.07.2018
Tribunales

La Fiscalía cifra en 28 millones el perjuicio de Astapa para Estepona

El escrito de calificación provisional del fiscal desarrolla a través de 160 páginas la gestión del exregidor esteponero Antonio Barrientos y su equipo de gobierno entre los años 2003 y 2007

03.07.2018 | 05:00
El exalcalde Antonio Barrientos, a la salida de los juzgados.

Barrientos afirma que actuó en base «a la legalidad»

  • El exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, acusado en el caso Astapa, sobre la presunta corrupción urbanística y política en dicha localidad, aseguró ayer que su actuación «siempre se desarrolló con el respeto a la legalidad» y apeló a la presunción de inocencia. «Cuando he tenido conocimiento de cualquier presunta ilegalidad me he dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, cosa que hice en una decena de ocasiones, denunciando a funcionarios del departamento de Urbanismo o del Área Económica», argumentó ayer a través de un comunicado. Asimismo tachó de «incomprensible, en términos estrictos de defensa, que en la fase de instrucción no se hayan autorizado determinadas pruebas, que hubieran servido para el esclarecimiento de los hechos». Entre esas pruebas se ha referido a un careo en sede judicial entre los peritos que han realizado las valoraciones de los convenios investigados y que hablan de un perjuicio económico para el Ayuntamiento «y las valoraciones presentadas por nuestros peritos que defienden todo lo contrario, que dichos convenios fueron muy beneficiosos para el pueblo de Estepona». Agregó que todavía no se ha celebrado juicio, de manera que se debe mantener «la presunción de inocencia».

La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona a raíz del denominado caso Astapa, que investiga la supuesta corrupción política y urbanística en dicho municipio costasoleño. Este procedimiento judicial afecta a 51 personas, entre ellas el que fuera alcalde socialista en el municipio Antonio Barrientos. Así consta en el escrito de calificación provisional del fiscal, documento de más de 160 páginas que desarrolla la gestión de la administración local entre los años 2003 y 2007.

Durante las fases de la operación policial del caso Astapa, iniciada en junio de 2008, fueron detenidos, además de Barrientos, otros cargos políticos y concejales que entonces estaban en el PSOE y en el Partido de Estepona (PES), en coalición en el Ayuntamiento; así como empresarios, técnicos, abogados y empleados municipales. La causa llegó a tener más de 100 personas investigadas, que finalmente se quedaron en 90.

Anticorrupción pide el sobreseimiento del caso para 39 procesados y acusa a 51. Para Barrientos solicita 10 años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años. Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado.

Además del exregidor se encuentran acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, así como empresarios y empleados municipales.

Indemnizaciones


El Ayuntamiento de Estepona señaló ayer en un comunicado que reclamará las indemnizaciones que correspondan al Consistorio por el posible perjuicio causado a las arcas municipales como consecuencia de este caso y la gestión que, especialmente en la Delegación de Urbanismo, se desarrolló entre el año 2003 y mediados de 2007. El escrito fue divulgado tras conocerse el documento provisional de la Fiscalía Anticorrupción, en el que solicita que se abra juicio oral contra 51 personas a las que acusa, incluido el exalcalde Antonio Barrientos.

El Consistorio recordó que se encuentra «personado desde 2011 en la instrucción de este procedimiento judicial iniciado en 2008, con el objetivo de la defensa del interés público. En virtud de ello, el Ayuntamiento va a ejercer las acciones necesarias para tal fin, cuando el momento procesal de este caso así lo permita», agrega el comunicado público.

Además de a Barrientos, el fiscal incluye en la larga lista de personas investigadas a otros excargos como José Flores, al frente del Gabinete de Alcaldía, para el que solicita la misma pena que para Barrientos por los mismos delitos.

También figuran otros dos, Francisco Zamorano, director económico para la revisión del PGOU; y Pedro López, que coordinó la empresa de planificación urbanística, suman además el delito de blanqueo de capitales, solicitando para ellos 11 años de prisión.

Otros dos excargos políticos, José Ignacio Crespo, que era el líder local del PES y primer teniente de alcalde, y Manuel Reina, titular de la Concejalía de Economía, son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación; así como de cohecho y prevaricación, y se pide para cada uno diez años de cárcel.

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