En Andalucía, más de 20.000 personas trabajan en chiringuitos, muchos de ellos abiertos sin licencia desde 2015, pese a haber iniciado los procedimientos para su formalización administrativa.
En concreto, Málaga es la provincia andaluza con mayor número de concesiones vinculadas a Medioambiente pendientes de tramitar, donde se incluyen los chiringuitos.
Tras años en una situación de absoluta alegalidad e inseguridad jurídica, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible hizo entrega ayer de 36 concesiones a propietarios de estos establecimientos en los municipios de Torremolinos, Fuengirola, Torrox y Benalmádena. «Estábamos alegales. Teníamos un permiso precario, teníamos todos nuestros expedientes ya hechos, casi terminados, pero a la espera de las resoluciones definitivas que no llegaban nunca», explicó Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, que espera que en menos de tres o cuatro meses se terminen de gestionar todos los permisos pendientes. «Decir que no estoy contento sería mentir».
Bloqueo administrativo
La postergación en la tramitación de expedientes se debe al colapso administrativo que arrastra la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y que está retrasando la tramitación de expedientes de calidad ambiental. Solo en Málaga, en el mes de mayo estaban a la espera más de 1.200 concesiones, de las que cerca de 650 estaban vinculadas con la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. La Junta estima que esta situación ha afectado a más de 25.400 empleos potenciales en la provincia.
En el caso de los chiringuitos, aún quedan 220 títulos por resolver. Para ello, la Consejería junto a la Delegación provincial en Málaga, han anunciado un refuerzo de personal a finales de agosto y septiembre para desbloquear otra tanda de licencias, una acción que se incluye en el plan de choque que el nuevo Gobierno andaluz ha puesto en marcha para agilizar la maquinaria burocrática de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Este plan también incluye la modificación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GIGA), con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de los expedientes.
«Uno de los objetivos fundamentales al llegar al gobierno era el desbloqueo de estos establecimientos, y así estamos trabajando, con refuerzos de personal muy importante. Yo creo que esto es un ejemplo de colaboración», afirmó la consejera Carmen Crespo.
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, subrayó la importancia de esta treintena de concesiones administrativas para dotar de «seguridad y certidumbre» al sector.
«Si Andalucía es algo, es algo también por sus costas, por su turismo, por sus playas y por sus chiringuitos, y por un sistema económico basado en la costa, a lo largo y ancho de la costa andaluza con todos sus establecimientos de playa», declaró la consejera, Carmen Crespo.
