El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Torremolinos va a acoger del 21 al 25 de octubre una Conferencia Ministerial de la Organización Marítima Internacional que abordará medidas para la pesca segura y legal. Está previsto que a la misma acudan más de 400 ministros, altos funcionarios y expertos responsables de implantar la seguridad en los «buques pesqueros» y en impulsar políticas sobre la pesca en todo el planeta.

Este encuentro será único en la búsqueda de puntos de consenso en cuanto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según ha avanzado la propia Organización Marítima Internacional, organismo especializado de Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de la prevención de la contaminación del mar por buques.

Este foro internacional tendrá como objetivo «promover la ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, un tratado de la OMI clave para la seguridad de los buques pesqueros y cuya entrada en vigor ayudaría a combatir la proliferación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, estableciendo normas internacionales de seguridad para los buques pesqueros».

La Organización Marítima Internacional es actualmente la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que sea «justo y eficaz», y que se adopte y aplique en el plano internacional.

Organizada por la OMI y el Gobierno de España, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Pew Charitable Trusts, esta Conferencia Ministerial concentrará en las dos primeras jornadas el programa de trabajo del segmento ministerial, en el que se tratarán los beneficios de implantar un régimen de seguridad obligatorio e internacional para los buques pesqueros.

Su instauración permitiría una reducción en víctimas mortales, la mejora de las condiciones laborales, la prevención de la contaminación del mar, la mayor protección de las aguas polares o la expansión de las medidas de cumplimiento para poder luchar contra la pesca ilegal.